Andhes y Cladem rechazan el pedido de prisión domiciliaria que hizo el abusador de Lucía


El abusador de Lucía solicitó la prisión domiciliaria a cuatro meses de haber sido condenado a 18 años de prisión por los hechos contra la niña. Desde Andhes y Cladem, organizaciones que realizan el acompañamiento legal de Lucía y su familia, adelantaron que se opondrán al pedido del condenado priorizando el interés superior de la niña. 

La audiencia de debate será en modalidad virtual el martes 9 de junio a las 9 horas y estará a cargo del Juez de Ejecución de Sentencia, Roberto Guyot.

Entre los argumentos que esgrime la defensa para el pedido se encuentran motivos de salud física y “en atención a la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (denominado COVID-19)’. Lo hace luego de que el Poder Ejecutivo Nacional determine el fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en 18 provincias del país, entre ellas Tucumán, que avanzó hacia la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Según el informe médico del Servicio Penitenciario (SP), el condenado no presenta enfermedad aguda en curso. Tampoco cumple con el requisito de ser mayor de 70 años (tiene 66), por lo que no corresponde otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria.

En las recomendaciones del informe interdisciplinario del SP dice expresamente que para que el caso que se  resuelva otorgar el beneficio el condenado “no debe residir en un lugar donde residan menores  de edad ni personas de vulnerabilidad”. En el domicilio propuesto por la defensa residen un niño y una persona con síndrome de down, por lo que ni siquiera cumpliría el requisito necesario para alojarlo.

En febrero de este año, el acusado fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”

Desde las organizaciones solicitaron al Tribunal Penal que lo condenó que se haga seguimiento de la condena con la premisa de cuidar a Lucía y que la pena sea de cumplimiento efectivo. Además, a pedido de las organizaciones, la sentencia incorporó medidas para garantizar la no repetición de este delito.

El Tribunal además dictó medidas de reparación a la niña y solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para Lucia, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia. Además, instó al PE a realizar relevamientos sobre abuso sexual infantil, desarrollar campañas contra la violencia hacia las mujeres con protocolos de denuncias en toda la provincia, en especial en 7 de abril, con perspectiva de derechos humanos y género.

Mientras se debatirá la posible prisión domiciliaria de su abusador, es paradójico que el estado provincial todavía no le haya cumplido a Lucía nada de lo que la sentencia penal ordenó. Tampoco el poder ejecutivo tucumano cumplió  lo que la jueza de Familia, Valeria Brand, le ordenó: un trabajo y una casa a la mamá de la niña para que pueda vivir con sus hijes, y asegurar el acceso a la educación de las tres hijas dentro de la jurisdicción de su nuevo centro de vida. A más de un año de los lamentables acontecimientos, el interés superior de la niña no está siendo garantizado.

“Lo primero para garantizar la no repetición es una condena efectiva. ¿Cómo Lucía puede llegar a sentirse respecto a la justicia si a los 4 meses de la condena sale su abusador libre? El estado debe reparar a la niña por todo el daño que le hizo y otorgarle la prisión domiciliaria iría en sentido contrario”, expresaron desde las organizaciones. 

Caso emblemático

Desde las organizaciones recordaron que el de Lucía fue un caso emblemático de repercusión mundial. Andhes, Cladem y organizaciones de derecho de la niñez y la infancia denunciaron el año pasado ante la CIDH los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina. Durante la audiencia, las organizaciones plantearon las torturas y obstáculos que sufrió Lucía para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo y el estado reconoció las violaciones a los derechos de la niña.

En un fallo de diciembre pasado, la jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Judith Brand, ordenó medidas de reparación de los derechos vulnerados a Lucía: y exhorto a que en un plazo de 30 días hábiles el gobierno provincial le entregue a Sol, la mamá de Lucía, una casa para que pueda vivir con sus hijes. También dictaminó que el Poder Ejecutivo provincial debe garantizar la inserción laboral de Sol y asegurar el acceso a la educación de las tres hijas dentro de la jurisdicción de su nuevo centro de vida. Sin embargo, el poder ejecutivo sigue en mora y no cumplió con la sentencia judicial.

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