A 29 años de la sanción de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN), andhes manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante cualquier operación tendiente a legitimar el trabajo infantil.

El artículo 32 de la CDN se refiere a la protección de la niñez frente al trabajo infantil, reconociendo el derecho de los niños y niñas a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo, estableciendo la obligación de los Estados de adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para su protección. Por su parte, en Argentina el trabajo infantil se encuentra expresamente prohibido por la ley 26.390 que incluso regula y protege el trabajo que podrían realizar los y las adolescentes mayores de 16 años.

En relación a los dichos del diputado jujeño Marcelo Nasif en las sesiones legislativas del pasado 14 de noviembre que trascendieron públicamente, Andhes  aclaró que lo que él llama “cultura del trabajo”, no es otra cosa que explotación infantil. “Se trata de una maniobra basada en el aprovechamiento de la situación de pobreza y vulnerabilidad de familias campesinas por parte de los sectores productores principalmente tabacaleros y azucareros en el NOA”, manifestaron desde la ONG.

Asimismo, desde el Área de Derechos de Niñez y Adolescencia de la organización afirmaron que el discurso del diputado “retrocede en derechos, y muestra su total despreocupación hacia las graves consecuencias que el trabajo infantil acarrea hacia la salud y el pleno desarrollo de niños y las niñas”.

Desde la organización de DDHH expresaron que “el trabajo infantil en Jujuy y en diferentes provincias de la Argentina es una realidad, lo que es un llamado de atención para avanzar hacia su plena erradicación. Un niño o niña que trabaja atraviesa una situación de doble vulneración de sus derechos, por un lado en razón de la pobreza y por otro lado en razón del trabajo”.

El Estado debe garantizar la plena vigencia del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En este sentido, es su obligación implementar políticas públicas a tales fines. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un pleno desarrollo físico, psíquico y emocional, tienen derecho a estudiar y a recrearse, el trabajo infantil no sólo los aparta de este camino, sino que pone en riesgo su vida, salud e integridad.

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