Viernes, 29 de abril de 2021

Desde la organización manifestaron preocupación ante el desconocimiento de la magistrada de los estándares mínimos que rigen en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes. 

En la entrevista, Medina asoció problemáticas sociales complejas -como consumos problemáticos de sustancias, explotación sexual y otras- con cuestiones delictivas que involucra directamente la población de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Preocupa el uso del discurso estigmatizante y la irresponsabilidad de pregonar una reforma penal juvenil que incluye argumentos criminalizantes y discriminatorios, donde se focaliza  aspectos superficiales para tomar las condiciones socioeconómicas o familiares como determinantes de una peligrosidad y causal de inseguridad ciudadana en la actualidad.

Los desafortunados dichos de la magistrada se alejan del corpus normativo de protección de los derechos de la niñez y adolescencia como de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas expresó claramente una posición en contra de la baja de edad de punibilidad en la Observación General N°10 donde indica la necesidad de fijar una edad mínima de responsabilidad penal lo más alta posible en ese sentido alienta a los países a tratar de aumentar y no de disminuir más la edad mínima para respetar otros derechos consagrados.

Bajar la edad de punibilidad no resuelve ni la inseguridad ni las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes sino que instala un debate tendencioso y apunta a las niñeces y adolescencias de sectores postergados y excluidos. Jurídicamente es ilegal, es una idea contraria al espíritu del paradigma de la protección integral y va contra principios fundamentales como la progresividad y no regresividad en derechos humanos. 

Hoy resulta importante evitar entrar en discursos de odio y estigmatizantes hacia niños,niñas y adolescentes quienes durante la pandemia del covid19 fueron víctimas del agravamiento y profundización de las desigualdades sociales.

Desde andhes seguimos instando al Estado a generar políticas públicas inclusivas dirigidas hacia las niñeces y adolescencias que fortalezca el sistema de protección integral y evite medidas del régimen penal juvenil que tiendan a criminalizar al grupo de niños,niñas y adolescentes en riesgo social. Bregamos por concientizar y entender a este colectivo de personas como verdaderos protagonistas y agentes políticos en la sociedad no como la causa de problemáticas estructurales.


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