Andhes repudia la violenta usurpación de la Ciudad Sagrada de Quilmes

Andhes repudia la violenta usurpación de la Ciudad Sagrada, sufrida el pasado 7 de marzo por la Comunidad Indígena de Quilmes (CIQ), a raíz de la irrupción de un grupo de personas ajenas a la comunidad, comandadas por Santiago Santos y Franco Cruz, quienes, con claras intenciones homicidas, ingresaron al sitio golpeando y lesionando a 8 comuneros que se encontraban administrando las visitas al sitio arqueológico, hiriendo con armas de fuego a Sergio Condori, integrante del Consejo de Delegados de la Comunidad, con el fin de apoderarse de la recaudación y usurpar nuevamente el lugar, desconociendo a las autoridades de la Comunidad, y cometiendo desobediencia judicial. Todo esto a pesar de las resoluciones judiciales que ratificaron la posesión de la Comunidad Indígena de Quilmes sobre la Ciudad Sagrada de Quilmes.
Franco Cruz es el hijo de Héctor Eduardo Cruz, empresario a quien en 1992 le fuera concedida la explotación del sitio sagrado Ciudad de Quilmes por 10 años. Vencida dicha concesión la misma no le fue renovada por la Secretaría de Turismo de la Provincia, en virtud de que Cruz no había efectuado los pagos por cánones adeudados al Estado previamente establecidos. En noviembre de 2002, la Cámara Contencioso Administrativa dispuso expresamente “prevenir al Poder Ejecutivo que debe dar participación a la Comunidad India de Quilmes en aquellos trámites administrativos relativos a las Ruinas de Quilmes que puedan incidir en la esfera de sus intereses”. En diciembre de ese año, se confirmó la rescisión del contrato de concesión y se autorizó a la Secretaría de Turismo a fijar día y hora para la recuperación del Complejo Ruinas de Quilmes. Sin embargo y a pesar de dos intentos de recuperación por parte del Estado, el desalojo administrativo ordenado se concretó finalmente en el mes de noviembre de 2007, es decir, cinco años después de haber sido negada la concesión otorgada por el Estado Provincial al empresario. La demora en la recuperación del predio arqueológico obedeció, por un lado, al comportamiento ilícito de Cruz, que continuó la explotación del sitio por más de cinco años sin tener la debida autorización para hacerlo, y por otro, a la ineficacia del Estado Provincial, que en anteriores gestiones no pudo recuperar el sitio a pesar de existir una norma específica que así lo habilitaba.
Desde la ONG remarcaron que “a partir de la recuperación del Sitio Sagrado por parte de la Comunidad, las situaciones de hostilidad fueron permanentes, siempre instigadas por estos intereses ajenos a la Comunidad, desde donde se propicia la tensión interna pretendiendo generar divisiones en la Comunidad, a través de la exaltación de conflictos que previamente no existían”.
En noviembre de 2013 un grupo dirigido por Héctor Cruz y Santiago Santos, usurpó el predio de la Ciudad Sagrada, tomando posesión del mismo por  fuerza. Ante esto, Francisco Chaile. Cacique de la Comunidad, inició un amparo a la simple tenencia que produjo como consecuencia la restitución de la Ciudad Sagrada a la Comunidad, mediante sentencia de desalojo, ordenada por el juez en Documentos y Locaciones de la Primera Nominación el día 5 de marzo de 2014. El día 7 de marzo, los usurpadores ingresaron nuevamente, con un nivel de violencia inusitado, armados con armas de fuego, palos, tumberas, cadenas y fierros, agrediendo y disparando a los comuneros que se encontraban en el predio, con particular ensañamiento hacia el delegado Sergio Condorí, José Luis Condorí y Guadalupe Caro, quienes resultaron con heridas de gravedad. El grupo agredido se dirigió a la Casa de la Comunidad en vistas a refugiarse, aunque los agresores los siguieron amenazándolos permanentemente.
Desde andhes señalaron que “a partir de los hechos, se inició una causa que se tramita en la Fiscalía 1 de Monteros, a cargo de la Dra. Monica Garcia de Targa, caratulada como desobediencia judicial, tentativa de homicidio y lesiones, en la cual la comunidad se constituirá en querellante”. Por otro lado, la ONG reclamó la pasmosa inactividad demostrada por la justicia, que pasados 5 días de los hechos, no había ordenado ninguna detención ni allanamiento. A raíz de esta inacción por parte de la justicia, la CIQ manifestó su preocupación ante el Ministro Fiscal, por la falta de interés en investigación en la causa.
Finalmente, andhes exigió la celeridad de la justicia para restablecer la paz en la comunidad  y castigo a los responsables ideológicos y materiales de estos hechos lamentables.
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