A través de la resolución 598/2019, firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, este lunes se dió a conocer el proyecto, que según las declaraciones de la ministra, está destinado “a los jóvenes que no estudian ni trabajan”.

Con esta decisión que busca apelar al voto conservador y legitimar a la Fuerza de Seguridad, cientos de adolescentes podrían dejar su educación y desarrollo personal en manos de la misma estructura involucrada en los numerosos casos de gatillo fácil y violencia institucional ocurridos durante este gobierno.

En un gesto macabro, Patricia Bullrich anunció que uno de los lugares dónde se desarrollarán las pruebas pilotos será Campo de Mayo, lugar donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura. Los crímenes que allí se cometieron todavía están siendo juzgados. Al mismo tiempo, resulta alarmante saber que esta iniciativa del Gobierno tiene como antecedente la creación del “cuerpo de aspirantes” para niños  de 8 a 14 años de la Gendarmería Nacional el 26/4/1979 bajo la comandancia de nada menos que el genocida Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad en 2008.

En un contexto de desfinanciación y subejecución presupuestaria de la Educación, es una burla a la sociedad que desde el Ministerio de Seguridad se presenten falsas soluciones a un problema que el Estado debe resolver, pero que se ha agravado durante los años de gestión. El Gobierno debería subsanar los daños causados a la Educación Pública por el brutal ajuste que se produjo en los Presupuestos Educativos desde 2016 hasta la fecha, con la reducción de la inversión en formación docente, cierre de Programas Socioeducativos, disminución de becas y partidas para comedores escolares, baja en los salarios. Sin contar, por otra parte, que la Educación en general y de les niñes en particular, es una función que está muy lejos de ser de la competencia del Ministerio de Seguridad, mucho menos de Gendarmería.  De esta manera, el estado no sólo no se hace cargo de diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el acceso a una educación de calidad, un desarrollo pleno e integral y un trabajo digno para les jóvenes, sino que brinda una única opción para aquelleos a quienes el estado ya anuló todas las posibilidades. Se trata de una política absolutamente discriminatoria que, creemos, intensificará la desigualdad social y estigmatizará la pobreza.

Nuestro compromiso con la memoria, los derechos humanos, y con los derechos de los millones de niños, niñas y adolescentes (que hoy son vulnerados), nos lleva a repudiar esta iniciativa que amplía la competencia de la fuerza preferida por la Ministra Bullrich, mientras que en las escuelas y universidades del país se vive una situación alarmante, tanto para los y las docentes como para sus alumnos. Denunciamos este servicio militar encubierto que viene de la mano de políticas represivas que criminalizan a niños y niñas. 

Dijimos Nunca Más, hoy y siempre. 


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