Andhes repudia la criminalización de la protesta social y exige respeto a las garantías constitucionales y al sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes

Desde andhes manifiestan que la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala debe considerarse como un acto de criminalización de la protesta social. A la vez sostienen que las amenazas de desalojo por parte de las fuerzas policiales “son muestras de una política represiva de la protesta que violenta principios de derechos humanos. En ese marco,  exigimos también el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en pactos internacionales y la Constitución Nacional”.
El pasado sábado 16 de enero, por orden de Raúl Gutiérrez, Juez de Feria del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, se procedió a la detención de la dirigente social Milagro Sala, por hechos vinculados al acampe que realizan en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, la organización Tupac Amaru y otros colectivos desde diciembre de 2015. También se dieron a conocer numerosas declaraciones de funcionarios públicos del gobierno jujeño dando cuenta de un inminente desalojo violento del lugar, a la vez que se dispuso una militarización de la plaza a cargo de las fuerzas de seguridad locales.
Desde andhes señalaron que la detención dispuesta y las acciones llevadas adelante por el gobierno jujeño “constituyen una flagrante violación a los derechos de protesta y de peticionar a las autoridades consagrados en Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 4; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 19 y 21”. En ese sentido, desde la organización de DDHH sostienen que el uso del derecho penal para perseguir a quienes expresas sus voces críticas y ejercen su derecho fundamental a expresarse es “claramente un acto de criminalización de la protesta social”.
Asimismo, y en relación a amenaza de desalojo de las personas que se manifiestan pacíficamente, desde la ONG expresaron que “el ¨orden público¨ no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. Para restringir una protesta, el Estado debe tener pruebas claras y fehacientes de que quienes organizan el acto tienen intención de usar violencia inminente, propugnarla o incitar a ella”. El “Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” de 2.009, señala en concreto que el Estado “debe garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente; y debe establecer medidas especiales de planificación, prevención e investigación a fin de determinar el posible uso abusivo de la fuerza en este tipo de situaciones, algo que se evidencia totalmente ausente en este caso”.
Por otro lado, desde andhes repudiaron la resolución de la Jueza de Menores María del Rosario Hinojo, quien ordenó que se retiren del lugar de la protesta a niños, niñas y adolescentes. La decisión de la magistrada también se encuentra en contradicción con los principios de protección de niños, niñas y adolescentes ya que la Convención de los Derechos del Niño reconoce en su Art. 12 el derecho del niño a expresar su opinión libremente. Este principio consustancial al Sistema de Protección Integral rompe con el silencio socialmente impuesto a las niñas, niños y adolescentes –propio del “superado” modelo del patronato- e involucra el derecho a formarse una opinión, el derecho a escuchar y ser escuchado, y el derecho a participar. En ese sentido, la ONG manifestó que “el accionar correcto por parte de la justicia hubiese implicado que se verifique que no exista un uso desmedido de las fuerzas de seguridad, respetando su derecho a ser oídos y resguardando el interés superior de niños y niñas,  y no, como lo hace la Jueza, restringir sus derechos”.
“Esta clase de medidas, ilegales y arbitrarias devienen en graves violaciones a los DDHH, pasibles de ser denunciadas ante el Sistema Interamericano de DDHH, manifestaron desde andhes.

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