Andhes reclama la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela

Iba a tratarse en la última sesión de la Legislatura y contaba con dictamen de la Comisión de la Mujer pero sin embargo fue retirada del orden del día. La normativa establece capacitaciones obligatorias en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

Desde la Fundación Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) solicitaron a la Legislatura de Tucumán tratar y adherir a la Ley Micaela lo antes posible, sin dilaciones y con el compromiso y urgencia que el tema merece. La ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. La adhesión a la norma iba a ser tratada en la última sesión legislativa pero fue retirada del orden del día sin explicaciones.

Tucumán se encuentra entre las cuatro provincias con mayores tasas de femicidios anuales.  En el 2019 se van registrando 18 femicidios en nuestra provincia, superando la cifra de 17 femicidios que ocurrieron  en todo el 2018. A ello hay que sumarle los crímenes de odio contra la población LGTBI+ que siguen siendo víctimas de hechos de violencia, que tienen su eje en la discriminación ante identidades de género no binarias. 

 “Ante esta realidad alarmante parece evidente la urgencia de involucrar a todas las personas que integran los poderes en los distintos estamentos del Estado,  en capacitaciones con perspectiva de género, de modo de lograr intervenciones más eficientes y al mismo tiempo comenzar a resquebrajar las estructuras patriarcales, que reproducen institucionalmente la violencia contra las mujeres”, consideró Florencia Pérez, integrante del área de Género y Derechos Humanos de Andhes.

La ley Micaela surgió con el fin de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar las convenciones internacionales, las cuales señalaron que la formación deberá ser obligatoria, no limitada a lo normativo y lograr un aprendizaje que produzca cambios culturales reales. Para ello, los organismos especializados recomiendan la sostenibilidad de la capacitación y el seguimiento de sus resultados.

Además nuestro país cuenta con una ley de Protección integral a las mujeres (ley 26.485), en donde las acciones vinculadas a la capacitación ya están mencionadas en cabeza de cada uno de los Poderes del Estado y Ministerios. 

En este contexto, la ley propone una medida tan básica que resulta incuestionable: que todos los/as servidoras/es públicas/os conozcan la Constitución, en particular, lo que a través de las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres incorporadas a ella constituyen obligaciones de idéntica jerarquía.

“Pese a la contundencia y claridad de las obligaciones internacionales y de la normativa nacional entendiendo el federalismo, las leyes se convierten en letra muerta al estudiar la realidad del día a día en nuestro país. Es urgente que quienes conforman el Estado tengan las herramientas necesarias para trabajar esta problemática que nos atraviesa tanto. Sin capacitación comprometida y sostenida, que realmente permita ahondar y comprehender este tema, jamás podremos cumplir con las demandas internacionales en pos de garantizar vidas libres de violencias”, concluyó Pérez.


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