Andhes realizó observaciones ante el inminente tratamiento legislativo de modificaciones a la ley que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura

Martes, 9 de junio de 2020

Por invitación de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la Directora Ejecutiva de la organización, Fernanda Marchese, y el Coordinador del Área de Seguridad y Derechos Humanos, Matías Lorenzo Pisarello intercambiaron opiniones con Legisladores sobre el proyecto de modificación de la ley 8523 remitido el pasado 03 de marzo por el Poder Ejecutivo.

Desde el año 2012 se encuentra vigente la ley que crea una Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, aunque a pesar haber sido reglamentada en el año 2016 y haber comenzado el proceso de selección de las personas representativas de la sociedad civil, nunca se finalizó el procedimiento y tampoco se puso en funcionamiento la Comisión.

La ley 8523 crea ésta Comisión Provincial como una institución especializada, descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquica. La misma será el órgano de aplicación en la provincia de Tucumán del Protocolo facultativo de la Convención antes mencionada y, según la ley, tendrá plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado donde se alojen personas privadas de libertad, ya sea por cuestiones penales o de salud mental

Entre algunas de las observaciones que plantearon, la Directora Ejecutiva expresó primordial la perspectiva y paridad de género en la conformación de la Comisión como así también una visión de profesionalización de la misma basada en conocimientos de derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Por su parte, desde el Área de Seguridad y Derecho Humanos manifestaron la necesidad de contar con una Comisión de personas idóneas y profesionales, que cuente con una presidencia independiente, que se le habilite la posibilidad de acudir a la justicia, que se considere la posibilidad de contar por ley con una Secretaría Administrativa que asegure el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión y que se garantice un presupuesto acorde a las necesidades de trabajo de la misma.

Por otra parte, desde la organización remarcaron que resulta llamativo que las únicas personas que no recibirán remuneración por su tarea sean los/as representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a quienes además se les exige una serie de condiciones que no se requieren en el resto de sus integrantes.

Finalmente, señalaron como una necesidad social contar con órgano de control de estas características, integrado por diferentes instituciones estatales y no estatales, a partir de la cual las decisiones que tome, las visitas que realice, los informes que desarrolle, las denuncias que efectúe, tengan un peso tal que puedan coadyuvar a modificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia.

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