Andhes presentó un amicus curiae en el marco de un habeas corpus por las condiciones de las comisarías en Tucumán

La organización de DDHH, andhes,  presentó un amicus curiae (“Amigos del Tribunal”) en el marco del habeas corpus presentado por el Fiscal Diego López Ávila y la Fiscala Adriana Giannoni, como consecuencia de las muertes ocurridas en la Brigada de Investigaciones Norte, Yerba Buena, Tucumán, el pasado 29 de Junio.
Desde la organización explicaron que “la presentación interpuesta tiene el objetivo de aportar argumentos para que la Corte Suprema dicte una sentencia conteniendo un remedio judicial que sea idóneo para solucionar una situación estructural, violatoria de derechos humanos”.
En este sentido, desde la organización manifestaron que “el habeas corpus interpuesto por los fiscales debe ser entendido como un caso de litigio estructural, ya que las violaciones de derechos humanos son atribuidas a una conducta estatal compleja donde intervienen diferentes actores estatales con motivaciones también diferentes. No se trata de una conducta individualizada de un solo actor o de una sola oficina del poder estatal, sino más bien, una acción concurrente de varios actores, hecho que configura el carácter estructural de este litigio”.
La presentación efectuada por andhes explica que este caos institucional se agrava ante una total y absoluta falta de órganos de contralor relacionados con las privaciones de libertad. “No existe organismo perteneciente a ninguno de los poderes del Estado que realice controles periódicos sobre la cantidad de personas detenidas en comisarías ni mucho menos sobre las condiciones en que se encuentran esas personas. La inexistencia de este órgano es de responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, ya que la Ley Provincial 8.523 establece la creación de un organismo de control cuya existencia depende de la reglamentación pertinente”, comentaron desde la ONG.
Por otro lado, desde el Área Seguridad y DDHH de andhes, sostuvieron “la necesidad de una solución por parte del Estado, que adopte las características de una política pública que incluya, al menos, la reforma de la Ley de Contravenciones Policiales; la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura; la creación de centros de detención de plazas para la detención en centros penitenciarios; el diseño e implementación de un plan de traslado de las personas que actualmente están detenidas en comisarías de la provincias a los centros de detención apropiados; el acondicionamiento de las comisarias como centro de detención; entre otros factores”.
Finalmente, Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de andhes, explicó que “para el caso que la Corte lo considere apropiado, sería conveniente que dicte un remedio judicial de tipo abierto, destinado a la creación de una política pública a través de un proceso de negociación y discusión en el que participen actores estatales, de la sociedad civil, y la academia, y, finalmente, establezca determinados principios y estándares de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad que enmarcan dicha política pública”.
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