Andhes presentó una querella en contra del Ingenio Fronterita por su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. La acción se enmarca en el trabajo que la organización de derechos humanos viene desarrollando para establecer la responsabilidad penal de actores económicos que fueron parte esencial del aparato criminal del terrorismo de Estado en Argentina.

La ONG representa en la acción penal a los familiares de Jacobo Fidel Ortiz, quien, luego de haber sido secuestrado ilegalmente en dos oportunidades, aún hoy permanece desaparecido. Ortiz trabajaba en la empresa como obrero del surco (pelador de caña) y fue un reconocido líder sindical del campo azucarero que, por de su lucha por la defensa de los derechos laborales de los obreros de esta industria, resultó víctima de la maquinaria del horror. Su caso no es excepcional, ya que más del 30% de las víctimas trabajadores y trabajadoras de la industria azucarera tenía actividad sindical. No obstante, las pruebas aportadas en el escrito sugieren que se trata de un caso revelador del complejo entramado del terrorismo de Estado en argentina, donde diversos grupos económicos fueron actores esenciales del terror.

Jacobo Ortiz fue secuestrado de su vivienda, que era propiedad de la empresa, y sobre la cual la misma tenía dominio y control. Estos secuestros no hubiesen sucedido si la empresa no hubiese dado permisos y autorizaciones a los captores de Ortiz para operar con total libertad dentro de los terrenos del ingenio. Asimismo, se usaron vehículos de la empresa para transportarlo a un Centro Clandestino de Detención que operaba en sus propias instalaciones, y que funcionaba gracias a la logística provista por la compañía. La empresa mantuvo silencio respecto de todos estos actos, aun en tiempos de democracia, sin notificar de estas circunstancias a autoridades judiciales o a los funcionarios de la CONADEP y de la Comisión Bicameral de Tucumán, encargadas de reconstruir la verdad de lo ocurrido durante el terrorismo de estado en la provincia.

El caso de Jacobo Ortiz y la participación esencial del Ingenio Fronterita en la violación de sus derechos fundamentales demuestran que la impunidad por la comisión de delitos de lesa humanidad todavía en la actualidad sigue beneficiando a importantes sectores de la sociedad argentina. Para andhes resulta fundamental ensanchar los contornos del terrorismo de Estado, dando cuenta de la participación de los actores económicos en el entramado del horror, aportando a un proceso de memoria, verdad y justicia completo. Este caso es parte de un conjunto de causas que se tramitan a lo largo de nuestro país que dan cuenta que determinados grupos económicos no solo se vieron beneficiados por la dictadura, sino que también participaron activamente en la estructura del terrorismo de Estado.

A su vez, la querella presentada por andhes se enmarca en esfuerzos internacionales que buscan establecer los derechos humanos como marco fundamental donde deben operar las empresas. En países como Brasil, Chile, Colombia, y Estados Unidos, diferentes tribunales siguen el ejemplo fundacional de los tribunales de Nuremberg que, al juzgar al régimen Nazi, determinaron las responsabilidades legales de ciertos actores económicos en la comisión de los crímenes más atroces que la humanidad haya sufrido. Esos impulsos han tomado forma en diferentes regulaciones que las Naciones Unidas han promovido en cuanto a la necesidad de que las empresas cumplan con la obligación fundamental de no violar derechos humanos.

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