Andhes manifiesta profunda preocupación ante la creación de la Fiscalía Penal de Humahuaca por vulnerar derechos de las comunidades indígenas.

Recientemente fue creada en la Provincia de Jujuy mediante Resolución N° 1734/19 la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Humahuaca, la misma tiene artículos cuestionables, que distan notablemente de la normativa nacional e internacional vigente en relación a los derechos y garantías que asisten a los pueblos y comunidades indígenas.

Desde el área de derechos de pueblos indígenas de Andhes señalaron en primer lugar que no hubo un proceso de consulta respecto a la creación de esta institución, lo que implica que no se respetó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, establecido en el art. 6.1 del Convenio 169 de la OIT en consonancia con los artículos 18 y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dispone que “los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.
En el caso en concreto la decisión afecta el ejercicio de su propio sistema normativo y la libre determinación como derecho a decidir y gestionar sobre su propia conflictividad, entendiendo que estas prácticas profundizan el fortalecimiento de su identidad y de las instituciones propias. El Convenio 169 de la OIT, manifiesta que: “…Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos…”. La disposición nada prevé acerca de cómo se concilian los mecanismos de resolución de conflictos que muchas comunidades practican y forman parte de sus instituciones, y este organismo estatal en creación.
La falta de consulta y la omisión respecto a prever cómo se concilian los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos que implica el ejercicio de su propio derecho con el mecanismo tradicional, son las vulneraciones principales y donde hay que poner el eje de la discusión.
Desde andhes sostuvieron que haciendo un examen más exhaustivo, se pueden observar cuestiones que se vinculan con discusiones ya saldadas respecto al reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, y si entrara en vigencia la normativa preocupa cuáles serían los criterios utilizados para determinar las comunidades involucradas y los tipos de conflictos en los cuales se intervendría.
Por un lado el Art 6 prevé: Que involucre sólo a miembros de comunidades indígenas reconocidas por el Estado, el reconocimiento por parte del Estado se da a través del otorgamiento de la personería jurídica, es necesario aclarar que el reconocimiento de la personería es un acto declarativo no así constitutivo, por lo tanto, no implica que la existencia comienza desde la inscripción, siguiendo la línea de la disposición entendemos que dejaría fuera del paraguas legal a aquellas comunidades que no posean personería jurídica otorgada. A su vez, la disposición nada dice respecto a cuáles serían los tipos de conflictos en los que intervendría, destacaron que existen conflictos intra comunitarios e intercomunitarios.
En cuanto a lo que sostiene que “Que hayan ocurrido únicamente en territorio reconocido de las Comunidades Indígenas” , es importante destacar en este punto que nada se prevé en cuanto a que se entenderá por territorio reconocido, ya que el Estado Argentino tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas, la mayor parte de los territorios indígenas no se encuentran titulados, luego otros tantos se encuentran con relevamiento territorial, y actualmente no están vigentes programas provinciales tendientes a titular los territorios. La situación territorial es diversa y compleja en este punto.
Andhes afirmó que estos espacios de creación de institucionalidad y de políticas públicas en general, debieran generarse en el marco de un debate intercultural, reconociendo las instituciones de los pueblos indígenas, ya que en Jujuy habitan más de 300 comunidades reconocidas y no reconocidas y 12 pueblos, reconocidos y en proceso de auto reconocimiento. A su vez se pusieron a disposición para acompañar en acciones y procesos de diálogo entre el poder judicial y las comunidades indígenas de la zona, en miras de lograr una implementación y articulación acorde a estándares de derechos humanos. Manifestaron estar en estado de alerta, debido a que en un contexto de conflictividad creciente entre las comunidades en defensa de sus territorios, recursos, bienes naturales y el Estado, esta Fiscalía pueda llegar a utilizarse como una herramienta más de persecución y criminalización de los legítimos reclamos de las comunidades indígenas.

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