Andhes lamenta la muerte de dos personas privadas de libertad y exige la inmediata puesta en funcionamiento de la Comisión local de prevención de la tortura

Desde la organización lamentaron la muerte de las dos personas que se encontraban detenidas en  una celda de la Brigada de Investigaciones Norte, ubicada en la localidad de Yerba Buena, e intimaron al Estado a realizar una profunda revisión de las condiciones en que se encuentran las personas detenidas en Tucumán.

“Durante el presente año se produjeron diferentes hechos que llevaron a la muerte de personas privadas de libertad en el Penal de Villa Urquiza, además de fugas de comisarías e innumerable cantidad de denuncias (formales e informales) de torturas en estos lugares de detención”, manifestaron desde andhes.

Desde el área de Seguridad y DDHH de la ONG, comentaron que “es de público conocimiento las deficiencias estructurales que presentan todos los lugares donde se alojan a personas detenidas en nuestra provincia, y la sobrepoblación de los mismos. Sumado a esto, se niega que las personas privadas de libertad sean sujetos de derechos, no sólo porque no se les brinda comida, ni colchones, sino también porque todos sus derechos son sistemáticamente vulnerados”.

En la provincia de Tucumán la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura fue creada en Septiembre de 2012 por la Ley 8523. Sin embargo, a la fecha se encuentra sin reglamentar y sin operatividad. La ley ordena la puesta en marcha de una Comisión de naturaleza descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquica, que tendría capacidad para realizar visitas a los lugares de privación de libertad, recibir denuncias y promoverlas, solicitar medidas urgentes y asesorar especializadamente a entes públicos y privados a cargo de personas privadas de su libertad. La puesta en marcha de esta Comisión, alertaron desde andhes, “es una exigencia internacional, surgida del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (ratificados por Argentina en  1986 y 2004) y que el Estado tucumano deliberadamente incumple, comprometiendo la responsabilidad internacional del país”.

Para la organización de DDHH, “es necesario que el Estado se haga cargo de esta situación, velando por el cumplimiento del art. 18 de la Constitución Nacional,  y actuando de forma tal que las instituciones y agentes involucrados entiendan que la tortura debe ser erradicada por completo”. Asimismo, comentaron que “para ayudar con ello, es necesario que el mecanismo local de prevención de la tortura comience a funcionar para ejercer su rol de contralor de los establecimientos donde cientos de personas se encuentran privadas de libertad, como así también que los diferentes Poderes del Estado ejerzan sus funciones jurisdiccionales para estos hechos no sucedan nunca más”.

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