andhes exigió cárcel común y perpetua para Albornoz y Menéndez

El alegato expuesto por los abogados Daniel Weisemberg y Valentina García Salemi, se centró en las pruebas existentes que demuestran la comisión de Delitos de Lesa Humanidad en el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT), Jefatura de Policía. Además, se valoraron los testimonios que indicaron que Graciela Bustamante de Argañaráz, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich y Horacio Ferreira Córdoba fueron torturados en ese CCDT. Se analizó el contexto nacional y provincial en el que se dieron estos hechos y se solicitó para los imputados, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz prisión perpetua a cumplirse en cárcel común e inhabilitación absoluta. Además, se requirió que se los declare traidores a la patria, según manda la Constitución Nacional.

“Sr. Presidente, venimos a expresar alegato en virtud a la prueba ofrecida y producida en autos  y por la representación que ejercemos en la querella de la organización andhes y del Sr. Pablo Argañaras en la causa de la desaparición de su madre la Dra. Graciela Bustamante de Argañaras,  y a la cual se encuentran acumuladas las causas por los secuestros y desapariciones forzadas de Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich de Torres Correa y Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba” comenzaron los abogados Daniel Weisemberg y Valentina García Salemi.
Los imputados por esta querella en el juicio oral por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) Jefatura de Policía son Luciano Benjamín Menendez y Roberto Heriberto Albornoz. Los otros imputados son los hermanos Luis y Carlos De Cándido. Cabe recordar que los represores Mario Albino Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo murieron el 4 de marzo y el 25 de mayo respectivamente; mientras que el represor Antonio Domingo Bussi fue separado en virtud de su estado de salud.
“¿Por que decimos que estamos ante delitos de lesa humanidad?: De acuerdo al derecho penal internacional, ya sea este consuetudinario o convencional, se configura un delito de lesa humanidad cuando se ejecutan  hechos delictivos comunes en el contexto de un  ataque generalizado o sistemático contra la población civil” indicaron los abogados.
Según indicaron, “los numerosos testimonios de sobrevivientes aportados en este recinto, conforman uno de los elementos de convicción más importantes del plexo probatorio, toda vez que no se puede obviar que cada uno de los deponentes brindó datos pormenorizados no sólo respecto a las privaciones de libertad sufridas, sino también en orden a la instalación, funcionamiento y condiciones de cautiverio que existían en el CCD JPT, como así también en cuanto al específico rol, desempeño y condiciones personales de cada uno de los imputados”.
Para Weisemberg y García Salemi, estos testimonios permiten reconstruir lo ocurrido, a través de los rastros dejados en los objetos y en la memoria de los mismos, especialmente, en este tipo de juicios donde la actuación represiva militar se desarrollaba en la clandestinidad, lo que por otra parte encuentra sustento en prueba independiente, -tales como el reconocimiento judicial y la documentación aportada por el testigo Clemente-, que objetivamente permiten formular un juicio de certeza para poder dictar sentencia condenatoria.
A consideración de esta querella, “estamos ante el juzgamiento de una serie de delitos cometidos en el marco de un plan sistemático nacional llevado a cabo no solamente en nuestro país, sino también en un contexto latinoamericano donde se aplicó la doctrina de la seguridad nacional. Todo ello en el marco de las prácticas genocidas llevadas a cabo en nuestro país por quienes detentaban el poder a la fecha de los hechos”.

La Doctrina de Seguridad Nacional

La Doctrina de Seguridad Nacional, considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad. Fue un producto del pensamiento de la Guerra Fría, que mantuvo al mundo dividido en dos campos antagónicos. Fue ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y divulgada mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos, en su sede de Panamá.
“Pero no sólo en esta doctrina se basaron las FFAA para implementar el terrorismo de estado en nuestro país. La doctrina francesa aplicada en su campaña en Argelia también fue recepcionada por los traidores a la patria quienes llevaron adelante el plan sistemático utilizando como modelo el esquema del país galo. Acdel Vilas, cuyo diario inédito está incorporado a este juicio manifestó al respecto: ‘aplicamos los métodos establecidos por los franceses en Indochina y Argelia’. También podemos recordar el testimonio vertido por la Sra. Cármen Cainzo de Mitrovich que con dolor recordaba cuando estaba en la búsqueda de sus hijos y una autoridad eclesiástica le dijo ‘Sra. no le crea. Esto no es Argentina, es Argelia’” explicaron los abogados.
García Salemi consideraron que estas doctrinas llegan a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas armadas en América Latina, que  a partir de entonces abandonaron su rol de defensoras de las fronteras nacionales para dirigir sus energías en un ataque contra el propio pueblo.

Todos son enemigos

 “Además, ambas doctrinas propagan una visión amplia del enemigo: no sólo se consideran terroristas insurgentes a las personas con armas como bombas o revólveres, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene quien detenta el poder, en este caso, con una visión nacional, occidental y cristiana. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición, según la conveniencia del dictador de turno. Además, los insurgentes son considerados subversivos, traidores a la patria y por consiguiente no se los ve como sujetos de derecho sino como seres viles, animales o fuentes de maldad, dejándolos sin atisbo de humanidad alguno” agregaron.
Por ello la doctrina de la seguridad nacional y la doctrina francesa justifican utilizar los métodos más atroces para tratar y eliminar a su enemigo. Por eso se realizaban secuestros sin orden judicial. Por eso se crearon los CCD. Por ello no existían los interrogatorios sin tortura. Por eso se secuestraron mujeres embarazadas y se sustrajeron las identidades de sus niños. Por esto se amenazaron a los fliares. mientras realizaban las búsquedas de sus seres queridos. Por esto se rapiñaron las casas de las víctimas, los muebles y todo aquello que los captores pensaron que pudiera tener algún valor material.
A los efectos de graficar la situación antes expuesta, citaron a la Obra Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina de autoría de Pilar Calveiro, «El régimen tuvo un sustrato ideológico que le sirvió de fundamento y de justificación. Se construyó al guerrillero como el «enemigo» a eliminar, demonizándoselo por oponerse a los valores nacionales y cristianos de la cultura dominante. Así, el «guerrillero» era un ser despojado de pautas morales, familiares, que abandonaba a sus hijos, que no se casaba legalmente y se separaba con frecuencia, que era ateo y más peligrosos aún si era judío. Cuando el «guerrillero» era una mujer, estas características se agudizaban y se les sumaban otras que se relacionaban con su condición de mujer. En esta concepción demoníaca del otro, las mujeres ejercían una enorme liberalidad sexual, eran malas como madres, esposas y amas de casas, particularmente crueles».
Graciela Bustamante era médica del Hospital de Niños; Adriana Mitrovich y Horacio Ferreira Córdoba, estudiantes de arquitectura; Ricardo Torres Correa estudiante de Ingeniería; todos amigos y militantes universitarios. Esto sólo en cuanto
a las víctimas que esta querella representa. Por su parte, el colectivo de personas por el cual se realiza este juicio incluye periodistas, obreros, más estudiantes y profesionales y hasta mujeres embarazadas.

El fracaso de las defensas

A tal punto fracasaron los intentos de explicar lo inexplicable que cuando depusieron los testigos técnicos de la defensa -testigos es una forma de decir, considerando que sobre uno de ellos (Carlos Acuña) resta resolver pedidos de imputación por falso testimonio y apología del delito-, estos llegaron a decir, entre otras cosas, que la apropiación de bebes y su consecuente supresión de identidad fueron actos de amor, o lo que manifestó Heriberto Auel respecto a que en nuestro país al día de hoy existe un estado latente de guerra que tuvo su último episodio en el año 1989 pero que podría ser reeditado en cualquier momento por ese supuesto enemigo interno, que ni siquiera se pudo explicar de quien se trataba.

Contexto nacional en el que se cometieron los delitos

Los abogados indicaron que de la prueba incorporada por lectura a este debate y de los contundentes testimonios aportados por la Dra. Mirta Mantaras y el Cnel. Horacio Ballester, se desprende con toda elocuencia que:
         a.- El aparato de terror estatal comenzó a funcionar en nuestra provincia con la implementación del Operativo Independencia en el año 1975;
        b.- Que la existencia de grupos armados no tenían la magnitud ni la entidad suficiente a la fecha de los hechos como para constituir un «enemigo interno»Â  a la luz del derecho internacional humanitario, derecho de la guerra, único plexo normativo para los casos de conflicto sean estos externos o internos;
         c.- Que los órganos de inteligencia civil, policial y militar de nuestro país estaban al servicio de la persecución de opositores al régimen.
         d.- Que desde el comando del III Cuerpo del Ejército cuyo general a cargo a la fecha de los hechos era el imputado Luciano Benjamín Menéndez y bajo cuya supervisión se encontraba el Comando de la V Brigada de Infantería, que operaba en esta provincia y era dirigido por el imputado Bussi, funcionaba una gran cantidad de centros clandestinos de detención en los cuales fueron privados de su libertad, torturados y posteriormente asesinados miles de seres humanos. Uno de esos CCD fue el que se situaba en la sede de la ex JPT bajo la dirección de los diferentes supervisores militares y del jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales -órgano seudoclandestino del D2 de inteligencia-, el imputado Roberto Heriberto Albornoz.
         e.- En definitiva, que existía un circuito de la muerte, donde los secuestrados cautivos eran torturados en la JPT donde se trataba de extraerles la mayor cantidad de información posible para luego probablemente, con un alto grado de certeza, trasladarlos a un campo de concentración ubicado en la sede del Cía. de Arsenales Miguel de Azcuénaga donde las víctimas eran asesinadas.

Las víctimas representadas por andhes

Valentina García Salemi y Daniel Weisemberg detallaron los hechos en que sus defendidos fueron secuestrados por las fuerzas represivas y lo que pasó con ellos.
El día 28 de abril de 1977, Adriana Mitrovich de Torres Correa (estudiante de Arquitectura, madre de una hija) fue llevada por su padre al domicilio de la madre de Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba (casado, padre de dos hijos, compañero de la facultad de Adriana) ubicado en la calle Crisóstomo Álvarez Nº 832 de esta ciudad, a las 18,30 hs. aproximadamente. Una hora después, Adriana llamó por teléfono a su casa para avisar que volvería cerca de las 21,00 hs. ya que estaban por estudiar. Esa misma tarde Adriana y Horacio salieron juntos y fueron privados de su libertad en plena vía pública. Fueron llevados al CCD Jefatura de Policía.             
Al día siguiente, 29 de Abril de 1977, aproximadamente a horas 12:00, Graciela del Valle Bustamante de Argañaras, (argentina, casada, médica, de 28 años, madre de un hijo, miembro del GET y amiga de Adriana y Horacio), en ocasión de retirarse de su lugar de trabajo en el Hospital del Niño Jesús de esta ciudad, en compañía de su amigo Ricardo Torres Correa -esposo de Adriana Cecilia Mitrovich, secuestrada el día anterior, estudiante de ingeniería, miembro de la JUP- fue secuestrada junto a Torres Correa en el automóvil de éste (Renault 6 color rojo o  bordó) en las cercanías de dicho hospital (Chacabuco y Lavalle), por un grupo armado de personas que se movilizaban en varios vehículos y que los obligaron a seguirlos. En este grupo de secuestradores se encontraban los policías. Ángel Custodio Moreno, José Bulacio, Rolando Albornoz y Reynoso, siguiendo las órdenes del «Tuerto» Albornoz y de González Naya. Tiempo después del secuestro, el auto de Ricardo Torres Correa les fue «devuelto» a su familia por el D2 de la Policía de Tucumán.
Graciela Bustamante de Argañaras y Ricardo Torres Correa también fueron llevados directamente al CCD JPT. Graciela permaneció en este CCD por lo menos hasta junio de 1977 (al igual que Mitrovich y Torres Correa), y según prueba testimonial producida en este juicio, habría sido vista luego (en agosto o septiembre de 1977) en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Hasta la fecha, los cuatro continúan desaparecidos

Las responsabilidades de los imputados

Los abogados indicaron que Luciano Benjamín Menéndez, General del Ejército Argentino, en tanto Comandante del 3º Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba (Zona 3), bajo cuya dependencia estaba Tucumán (desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979), es autor mediato de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, homicidio triplemente agravado y reiterado en 4 oportunidades, desaparición forzada de personas en el marco de las practicas genocidas sufridas en tucumán, todo en perjuicio de Graciela Bustamante de Argañaras, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich de Torres Correa y Horacio Ramón Atilio Ferreira Córdoba.
En el caso del imputado Roberto Heriberto Albornoz, su participación penal no es mediata sino directa (participe  necesario material, dominio funcional del hecho -coautor)) en tanto Comisario Inspector, Jefe del SIC y Jefe Policial del CCD JPT (desde septiembre de 1975 a diciembre de 1977).
Lo dicho se afirma en que se probó en este juicio (testimoniales, reconocimientos judiciales, doc. Aportada pro Clemente), que su oficina se encontraba en el mismo pasillo que las salas de tortura y el salón grande donde tenían cautivas a las personas: contribuyó así de manera directa al mantenimiento de las privaciones ilegales agravadas en sus padecimientos posteriores, culminando en la Desaparición Forzada de Personas de Graciela Bustamante de Argañaras, Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich de Torres Correa y Horacio Ramón Atilio Ferreira Córdoba.
Esta cooperación al «mantenimiento y agravamiento» de lo sufrido por nuestras víctimas es justamente lo que permite el reproche de autoría a Albornoz en grado de partícipe criminal necesario, aunque no hubiera participado de la ilegal aprehensión (secuestro) de quienes representamos.

Las penas solicitadas

Para Luciano Benjamín Menéndez, solicitaron prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo del de la condena y costas. “Solicitamos también se lo declare infame traidor a la patria, en virtud de encontrarse tipificado en autos el delito constitucional del art. 29 CN, en consecuencia pedimos también se ordene la baja deshonrosa como militar retirado del ejercito argentino”, plantearon.
Para Roberto Heriberto Albornoz pidieron pr
isión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo del de la condena y costas. “Solicitamos también se lo declare infame traidor a la patria, en virtud de encontrarse tipificado en autos el delito constitucional del art. 29 CN”.

Cárcel Común

Para concluir, solicitaron que la pena se cumpla en cárcel común. “Sr. Presidente, habiendo descrito esta querella el encuadre y los tipos jurídicos aplicables, venimos ahora a solicitar la modalidad de cumplimiento de la pena. Desde ya adelantamos en este sentido que para nosotros, todos los imputados en delitos de lesa humanidad que fueren declarados culpables, no pueden cumplir su condena en otro lugar que no sea en una institución dependiente del servicio penitenciario, en este caso el penal de Villa Urquiza, que a su vez tiene un convenio vigente con la justicia federal.
Nos preguntamos: ¿Debe darse un trato preferencial a los imputados en esta causa respecto a imputados por delitos comunes?; ¿Reviste mayor peligrosidad un preso común, con escaso derecho de defensa material que personas que ocuparon puestos de alta jerarquía en las fuerzas de seguridad militar y policial?”.

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