Andhes exige una reforma del Régimen Penal Juvenil no regresiva

Atento al debate público en torno a niñas y niños en conflicto con la ley, desde andhes reafirman que es una obligación impostergable del Estado argentino reformar el Régimen Penal Juvenil vigente y adecuarlo a uno respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En el mismo sentido, andhes manifiesta su absoluta oposición a enfoques que pretenden hacer derivar, como una consecuencia inevitable de la necesidad de reforma, la baja de la edad de imputabilidad. El problema de la violación de derechos de niños y niñas menores de 16 años privados de su libertad, no se soluciona “legalizando” su encierro.
 
A partir de la reforma de 1994, forman parte del bloque de constitucionalidad distintos tratados internacionales que definen una serie de normas a las cuales Argentina se obliga, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular la Convención de los Derechos del Niño (CDN), gozan de tal jerarquía. En ese marco, pese a la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias, incluyendo modificaciones legislativas, para garantizar que los niños, niñas y adolescentes que hayan sido acusados de cometer un delito sean sometidos a un sistema de justicia juvenil excepcional y especializado, la Argentina no ha armonizado por completo su legislación interna con los principios establecidos en la CDN, indicaron miembros de andhes. 
En nuestro país conviven actualmente normas que reconocen a los niños como sujetos de derechos de conformidad con las disposiciones de la CDN, con un decreto de la última dictadura militar (22.278) que responde a una concepción claramente tutelar de la infancia y de control social de la infancia pobre, remarcaron desde la organización. Dicho decreto permite un tratamiento igual al de los adultos para personas entre los 16 y los 18 años, en conflicto con la ley, en tanto permite, a discreción del juez, la imposición de las sanciones previstas en la normativa penal ordinaria (medidas tutelares). “En otras palabras, en nuestro país, niños y niñas de menos de 16 añosde edad no son punibles pero pueden ser privados de su libertad, o lo que es lo mismo, son inimputables pero son igualmente privados de su libertad, producto del margen de arbitrariedad y discrecionalidad de la normativa”, explicaron desde el área de niñez de la ONG.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en su reciente condena a la Argentina por el caso de niños condenados a perpetua, dispuso que “El Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y calendarizadas, así como la asignación de adecuados recursos presupuestales, para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes (…) y brinden apoyo a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, así como a sus familias…”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Justicia Juvenil en las Américas (2011) “insta a los Estados a elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables conforme al sistema de justicia juvenil hacia una edad más cercana a los 18 años de edad”. Ello en consonancia con la Observación General N.10 del Comité de los Derechos del Niño en la que “el Comité insta a los Estados Partes a no reducir la Edad Mínima de Responsabilidad Penal”, particularmente a los Estados cuya edad de responsabilidad penal se puede considerar aceptable en relación a estándares internacionales (es el caso de la Argentina) en tanto de hacerlo importaría una violación al principio de progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos y una clara regresión en la materia.
En ese marco, desde andhes se afirma, una vez más, que es preciso generar un debate constructivo alrededor del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que aliente a la reforma imprescindible e impostergable del sistema vigente y asegure elobjetivo final de una justicia juvenil: la intervención socio-educativa con plena vigenciade los derechos de los niños, niñas y adolescentes; mediante el cual el niño declarado culpable de haber infringido la ley sea tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad, fortalecido en su  respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en el que se tenga particularmente presente la centralidad de promover la reintegración del niño desde una función constructiva en la sociedad.
En el mismo sentido, andhes sostiene firmemente que el debatehacia la modificación del régimen penal juvenil vigente no implica, ni debe involucrar, bajo ningún punto de vista, una baja de la edad a partir de la cual niños, niñas y adolescentes son punibles en la actualidad en nuestro país. “El problema de niños y niñas, menores de 16 años, privados de su libertad no se soluciona legalizando su encierro”, remarcaron. Muy por el contrario, la impostergable reforma del régimen penal juvenil debe asumirse, fundamentalmente, acompañada de una política de estado que avance, con toda su potencialidad y ciertamente, hacia una mayor integración social de los adolescentes y, consecuentemente, haciala reducción del conflicto con la ley penal, indicaron. Todo esto implica una política de Estado en la que definitivamentelas medidas alternativas a la privación de libertad se tornen efectivamente en la regla, y la privación de la libertad sea la última opción posible de sanción, por un lapso muy breve y determinado, conformela Convención de Derechos del Niño, finalizaron desde andhes.

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