Andhes denunció ante la relatoría especial de las Naciones Unidas el femicidio de Paola Tacacho


La joven había presentado 20 denuncias en los tribunales tucumanos. No hubo respuesta estatal a sus pedidos de ayuda. El de Paola es un caso testigo del fracaso de la justicia tucumana, y del estado que lejos de prevenir, con su inacción y desidia cuenta con 19 femicidios/travesticidios/transfemicios en lo que va del año 2020.

En la noche del viernes 30 de octubre, Paola Estefanía Tacacho fue asesinada por su ex alumno Mauricio Parada Parejas, quien luego de cometer el femicidio en pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se quitó la vida. Su asesinato fue producto de la ineficacia estatal para prevenir la violencia de género. Así lo consideró la organización Andhes, que denunció el hecho ante la relatoría especial de las Naciones Unidas.

“Hicimos esta denuncia con el aval de la familia. A partir de ahora, la relatoría le pedirá al estado argentino un informe sobre lo que pasó. Esperamos que sea un impulso para reformas que garanticen que no se repitan casos así y que el estado asuma sus responsabilidades para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en Tucumán y nuestro país”, expresó Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes.

Cabe recordar que en el año 2015 Paola fue profesora en un establecimiento educativo de nivel terciario donde Parada Parejas asistía, y desde ese momento no dejó de ser hostigada, acosada y amenazada a pesar de las diversas denuncias realizadas en la justicia que nunca pusieron freno al agresor. Las agresiones se repitieron durante cinco años de manera incesante. Paola acudió a la justicia en muchas ocasiones: realizó 20 denuncias en contra de su agresor y sólo consiguió obtener como respuesta una orden de restricción de acercamiento que vio quebrantada en forma sistemática.

En el año 2016, el Juez de Instrucción que intervino en una de las causas, Francisco Pisa, dictó el sobreseimiento del hostigador (luego femicida) en la única causa que la fiscalía interviniente solicitó elevar a juicio por la desobediencia judicial de la medida cautelar de restricción de acercamiento. El juez frenó el avance de la causa hacia un  juicio oral con el  argumento de que la gravedad del delito no ameritaba poner en marcha el aparato judicial para lo que implica un juicio oral. 

En ese contexto, Paola empezó a mudarse de domicilios y cerró sus redes sociales para evitar o frenar el hostigamiento que sufría. Pero cada vez que ella hacía una denuncia, como debía dejar asentados sus datos personales, el femicida obtenía junto con su abogado sus datos e información de contacto, incluyendo su casilla de mail y su celular personal. Así Parejas volvía a ubicarla, y continuaba hostigándola con información que la propia Justicia ponía a su disposición.

“Paola fue víctima de femicidio. Sufrió acoso durante años, sufrió violencia en razón de su género. A su vez, al denunciar la violencia de género sufrió violencia institucional por la omisión del Poder Judicial de brindar respuestas adecuadas. La ineficacia del actuar jurisdiccional ante casos de violencia de género es una consecuencia de la discriminación y la desigualdad estructural sufrida en razón del género, omitiendo así las obligaciones internacionales que el propio Estado Argentino asumió de Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”, planteó Andhes en el escrito presentado ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas.  

Paola Tacacho fue víctima de violencia estatal por omisión. Se violó su derecho a vivir una vida libre de violencias, al acceso a derechos y a una respuesta judicial efectiva: no se protegió su integridad física y como consecuencia Paola fue asesinada por Parada Parejas, pero también por un Estado que la desprotegió e hizo permisible su crimen. 

En Tucumán existe la Ley de Emergencia en Violencia de Género No 8.981 del año 2016, que apunta a revertir el número de víctimas de Violencia de Género en Tucumán, a reforzar la política preventiva en la materia, y a optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este flagelo social por el término de 2 años. Prorrogada en el 2018 por la legislatura tucumana, fue publicada en el Boletín Oficial con el número 9.237 y recién ratificada 500 días después por el gobernador de la provincia Juan Manzur. Este tipo de prácticas dilatorias ante la problemática de género y violencias sufridas por las mujeres como los femicidios y casos de acosos y abusos por motivos de género, se repiten habitualmente no sólo desde el poder judicial sino desde los otros poderes del estado provincial como consecuencia de la discriminación y desigualdad estructural que impera en nuestra provincia.

Cabe también resaltar que Tucumán fue la última provincia del país en adherir, en mayo de 2020, a la Ley Micaela, sancionada por el Congreso nacional en 2018, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y sensibilización ante lo que implican las violencias machistas para quienes desempeñan la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado. 

Por eso, desde Andhes plantearon que el de Paola Tacacho no es un caso aislado. En Tucumán, las mujeres en situación de violencia de género son también víctimas de la falta de acceso a derechos y tutela judicial efectiva de manera diaria.

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