Andhes considera como un avance positivo la resolución de la Corte Suprema tucumana sobre las condiciones de las comisarías

Andhes considera como un avance positivo, que la Corte Suprema de Justicia tucumana haya resuelto hacer lugar a la acción interpuesta por el Fiscal Diego López Ávila y la Fiscala Adriana Giannoni, como consecuencia de las muertes ocurridas en la Brigada de Investigaciones Norte, Yerba Buena, Tucumán, el pasado 29 de Junio.
Desde la organización de DDHH remarcaron la importancia del fallo atento que el mismo “solicita el Poder Ejecutivo que implemente un plan de acción para poner fin a la situación violatoria de derechos humanos de personas detenidas en comisarías, y que se garantice el efectivo goce de sus derechos asegurando adecuadas condiciones de salubridad, alimentación e higiene, acondicionando las dependencias policiales y garantizando que en las mismas exista personal penitenciario suficiente”. En ese sentido, desde la ONG destacaron la importancia de que el fallo “establezca plazos concretos e instruya dos fiscales a monitorear el proceso de cumplimiento de la sentencia”.
Asimismo, desde andhes consideran que “es importante destacar que el fallo ordenó, como parte de una solución integral a esta situación estructural de violación de derechos, la reforma de la ley de contravenciones policiales y la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, aspectos solicitados expresamente por nuestra organización en su presentación en este caso”. Además, y hasta que se modifique el sistema contravencional, desde la organización manifestaron importante que el fallo “estableciera la prohibición de la privación de libertad inmediata de personas acusadas de cometer una contravención; la necesidad de regular la intervención de un defensor o letrado particular para cada caso, y la comunicación inmediata a un juez sobre la situación procesal de los contraventores”.
Por otro lado, desde el Área Seguridad y DDHH de andhes, sostuvieron que la exhortación al Poder Ejecutivo para que reglamente la Ley Nº 8.523, “es un paso de vital importancia para la creación de un órgano compuesto por miembros de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, que ayude a fortalecer el control de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, mediante visitas regulares y periódicas a lugares de detención”.
Finalmente, desde la organización lamentaron que el voto de la mayoría no haya acogido la solicitud de andhes, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Pensamiento Penal (APP), para que se convoque a una mesa de diálogo entre diferentes actores estatales y de la sociedad civil, a los fines de discutir una política pública integral que garantice los derechos de las personas en contexto de encierro. En ese sentido, Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de andhes, explicó que “además de ser imperioso el cumplimiento de los traslados ordenados junto a la conclusión de las obras de refacción mencionadas en la sentencia, es imprescindible que se convoque a una mesa de diálogo compuesta por los diferentes actores y organizaciones no gubernamentales, tal como lo manifestó la Vocal de la Corte, Claudia Sbdar, en el voto minoritario”.
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