Desde andhes celebran el inicio del juicio por el Operativo Independencia

El Operativo Independencia fue la primera intervención masiva de las Fuerzas Armadas en la provincia de Tucumán. Llevada a cabo en democracia, luego de un decreto de la entonces presidenta Estela Martínez de Perón, tuvo como objetivo la eliminación de opositores políticos y, en especial, la desarticulación del movimiento obrero azucarero. El terrorismo de Estado, de la mano de actores civiles y económicos puso en práctica en la provincia todo el aparato represivo que luego se extendería al resto de país a partir de marzo de 1976.
La causa, que comenzó ayer su etapa oral, es la más grande que tiene lugar en la provincia de Tucumán. Con 270 víctimas, 19 imputados y más de 1200 testigos se espera que las audiencias duren alrededor de un año. Durante todo el 2016 tendrá lugar en la Sala del Tribunal Oral Federal, ubicado en calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez los días jueves y viernes. Los imputados de la causa (muchos de los cuales ya fueron condenados en otros juicios) son: Roberto “El Tuerto” Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce, José Luis Figueroa, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Rubén Vila y Pedro Casiano Burtnik.
Desde el área de Memoria, Verdad y Justicia de andhes, consideraron que “el inicio de este juicio marca un hito en el juzgamiento de los responsables de la desaparición y tortura de cientos de ciudadanos durante un período democrático, probando que el terrorismo de Estado fue una cultura política no circunscripta únicamente a la dictadura y sus ejecutores militares”. También explicaron que “este proceso es un gran aporte a la construcción de la verdad histórica ya que permite probar que no hubo una guerra, como algunos sostienen, sino un plan sistemático de exterminio y terror”.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideraron al Operativo Independencia como una experiencia totalitaria que sometió a poblaciones enteras al yugo de la represión. La acusación también explicó la metodología implementada por los militares, que incluyó la zonificación de la región y la construcción de una “legalidad” inconstitucional paralela a las prácticas ilegales del ejército. Con fragmentos del diario de campaña del represor Adel Vilas, comandante a cargo del Operativo, el MPF ilustró el modus operandi de las tareas de inteligencia, las cuales incluían el secuestro, la tortura para la extracción de información (que permitieran nuevos secuestros) y la desaparición forzada. El propio Vilas reconoció en su diario la existencia de “Lugares de Reunión de Detenidos”, que no eran otra cosa que Centros Clandestinos de Detención.
Gabriel Pereira, director adjunto de andhes, puntualizó que “una parte importante del debate oral será el vínculo entre las FFAA y el poder económico. El emplazamiento de Centros Clandestinos en predios de los ingenios, los secuestros producidos en lugares de trabajo, la confección de listas negras por parte de los empresarios son algunas de las pruebas que muestran ese vínculo y que serán parte de este debate”.
Desde andhes consideraron que los juicios por delitos de lesa humanidad “son una reivindicación y una forma de reparación histórica para las víctimas sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos, y para los organismos de derechos humanos que históricamente venimos levantando las banderas inclaudicables de Memoria, Verdad y Justicia”.
Finalmente, desde la organización de DDHH manifestaron que “la participación activa en los juicios, desde el acompañamiento a las familias, es una forma más de mantener viva la memoria de los desaparecidos. Por esto último, desde  nuestra organización hacemos extensivo el compromiso con los juicios. Juicios, que son el producto de una lucha y un exigir de justicia que está en nuestras manos cuidar y consolidar”.
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