Andhes celebra la declaración realizada por la Corte tucumana sobre Contravenciones

En el día de ayer, el máximo tribunal de justicia de Tucumán se expidió sobre la inconstitucionalidad de la ley de contravenciones policiales (5.140), culminando con esto el último eslabón en el proceso judicial llevado adelante, e intimando al Poder Legislativo tucumano, en quién recae la facultad y obligación de adecuar la normativa vigente, a iniciar el proceso para la reforma o el nuevo dictado por una ley a todas luces ilegal.

 

La Corte provincial atacó el procedimiento contravencional vigente, declarando la inconstitucionalidad del art. 5 y 13 de la ley de contravenciones policiales (Ley 5.140), el art. 2 de su decreto reglamentario (Decr. 3289/14) y el art. 4 de la ley de creación de los juzgados contravencionales (Ley 6.756).

 

La sentencia se inscribe en el marco de la causa «Núñez«, la cual llegó a la máxima instancia judicial del país, en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, en octubre de 2010, que el procedimiento contravencional vigente en nuestra provincia no respeta el estándar constitucional mínimo. Esta decisión obligó a revisar la decisión del 27 de agosto de 2007, en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Provincia había declarado el apego a las reglas constitucionales de la cuestionada norma, haciendo lugar al recurso presentado por el Estado provincial a través de la fiscalía de Estado.

 

Aunque en la nueva resolución sólo se declara la inconstitucionalidad de algunos artículos, en los fundamentos encontramos algunos reconocimientos y avances que deberían ser tenidos en cuenta a la hora del debate legislativo.

 

Entre ellos podemos mencionar que la Corte manifiesta que no existe diferencia esencial entre el régimen penal y el régimen contravencional, por lo que las garantías penales deben aplicarse indistintamente a ambos regímenes. También encontramos allí que las 48 hs por la cual la persona imputada por una contravención se encuentra detenida, incomunicada y sin asistencia letrada resulta contrario a la Constitución Nacional, provincial e instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional. En esa situación, no se puede tener como válida la autoincriminación de la que se vale la policía por ser esta el resultado de una coacción por parte de la misma fuerza. Además, se construye un paralelismo entre el caso de Núñez y el caso de Walter Bulacio, quien falleció luego de una detención policial, por el cual el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por la cual Argentina asumió el compromiso de adecuar sus regímenes contravencionales en todas las provincias. Por último, la Corte reconoce la falta de una correlación entre el aspecto normativo y la concreción en la práctica, la que califica de evidente y palpable, dejando plasmado la distancia existente entre la ley y el accionar de la institución policial. Este aspecto resulta fundamental a la hora de debatir un nuevo código contravencional, ya que implica necesariamente definir que institución policial se precisa para la democracia en la que vivimos.

 

La declaración realizada por la Corte provincial concluye un largo proceso judicial que, con idas y vueltas, declara la inconstitucionalidad de un procedimiento que afecta nuestras garantías más básicas e insta institucionalmente a la legislatura provincial para que, de una vez por todas, debata y sancione un nuevo código de convivencia respetuoso de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y quite de las manos de la policía un arma violenta, represiva e ineficaz. 

Andhes festeja la declaración realizada por la Corte provincial, e invita a que tanto representantes institucionales como referentes políticos y sociales se sumen y aporten al debate que debe iniciar nuestra legislatura.

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