Análisis: la criminalización de la emergencia sanitaria

Desde que se instaló el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, (ASPO) y luego el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DASPO), las detenciones de personas, clausuras de locales y secuestros de vehículos se han transformado en un paisaje cotidiano para la ciudadanía tucumana.
A partir de hoy, por disposición del Comité Operativo de Emergencia (COE) en Tucumán se ‘desalienta’ circular de 23.30 a 7 horas salvo para “trabajadores esenciales y de actividades autorizadas por el COE” o “casos de emergencia”. Sin embargo, bares podrán abrir hasta las 23 y deliverys hasta las 24 horas. En ese intersticio, la ciudadanía queda a merced de la arbitrariedad policial para hacer cumplir esa disposición.
En este escrito Andhes propone algunas reflexiones en torno a la legalidad de esos procedimientos, en el convencimiento de que aun en las circunstancias excepcionales en que las que vivimos, a raíz de la pandemia de Covid 19, es necesario y productivo para el afianzamiento de la democracia y el estado de derecho, un ejercicio crítico en torno a estas medidas y la manera en que son implementadas.

Por Pablo Gargiulo, coordinador del área de Empresas y Derechos Humanos de Andhes:

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