Amnistía Internacional: “Seguridad para las comunidades indígenas amenazadas en sus tierras ancestrales”

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas para proteger la seguridad de la comunidad indígena de Chuchagasta, provincia de Tucumán, y para que puedan reclamar sus derechos humanos sin temor a represalias e intimidaciones. Estas medidas son especialmente urgentes tras el asesinato del representante de la comunidad, Javier Chocobar, el pasado 12 de octubre.


Amnistia Internacional dijo que las medidas que deben tomar las autoridades argentinas tienen que garantizar la asistencia y seguridad de las víctimas, testigos y familiares durante el proceso judicial por el asesinato de Javier Chocobar. Existen estándares internacionales de derechos humanos al respecto, que señalan que dichas medidas deben ser abordadas y consensuadas con las personas afectadas.
“Según la información recibida, el 12 de octubre un terrateniente local y dos ex policías se presentaron en la comunidad de Chuchagasta armados con la intención de expulsar a sus miembros por la fuerza. Ante la negativa de la comunidad de abandonar sus tierras, los hombres dispararon a las personas que se encontraban allí. Javier Chocobar, de 68 años murió a causa de los disparos y otras cuatro personas resultaron heridas de bala. Amnistía Internacional instó entonces a las autoridades a proporcionar a la comunidad la protección necesaria”, indicaron desde la organización internacional de Derechos Humanos.
Tras el asesinato, los tres hombres fueron detenidos y el 6 de noviembre, el juez dictó prisión preventiva para dos de ellos, incluido el terrateniente. El tercer hombre fue puesto en libertad aunque sigue imputado en el caso.
El pasado 18 de febrero, la Cámara de Apelaciones de Tucumán revocó la decisión inicial del juez y ordenó la libertad condicional de los dos hombres mientras dura el proceso judicial por el asesinato de Javier Chocobar y heridas de bala contra dos personas más de la comunidad.
“Amnistía Internacional ha sido informada de que los miembros de la comunidad indígena de Chuchagasta temen volver a recibir amenazas. Dos días después de la liberación de los dos hombres, denunciaron que personas desconocidas estuvieron deambulando por los alrededores de las tierras habitadas por la comunidad y cerca de donde vivía Javier Chocobar”, plantearon.
La organización lamenta que a pesar de las amenazas sufridas a lo largo de los años y la muerte de uno de sus miembros, se este ignorando el riesgo que corren los miembros de la comunidad. Entre los testigos de la muerte de Javier Chocobar se encuentran dos personas que resultaron gravemente heridas por los disparos. “Sin protección efectiva de los testigos y de las víctimas no hay garantías de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por lo sucedido el 12 de octubre”, añade Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional subrayó que es crucial que las autoridades argentinas demuestren su compromiso con los derechos humanos de los pueblos indígenas asegurando su seguridad y con acciones que pongan fin a la discriminación y a las persistentes violaciones de derechos humanos que sufren. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que los pueblos indígenas tienen el derecho a sus tierras ancestrales, y que esto se debe asegurar sin temor a sufrir ataques o intimidaciones.
Información complementaria
Los integrantes de la comunidad de Chuchagasta, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. El pasado mes de noviembre las disposiciones de dicha ley fueron prorrogadas hasta 2013.
Pese a la existencia de esta ley, varias comunidades indígenas enfrentan amenazas de desalojo por la fuerza de sus tierras por parte de terratenientes locales con la complicidad de autoridades judiciales locales para poder explotar los recursos naturales que hay en ellas.
Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, “los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.”

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