ACCIÓN URGENTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL: Familias indígenas en peligro de desalojo forzoso

En el día de hoy, mediante una Acción Urgente, Amnistía Internacional – haciéndose eco de la preocupante vulneración de derechos de la que son víctimas comunidades originarias de Tucumán- ha convocado a sus socios de todo el mundo a manifestarse ante autoridades provinciales y nacionales en relación con el persistente riesgo de desalojos de Comunidades Indígenas de sus tierras ancestrales. En su informe, Amnistía hace mención al asesinato de Javier Chocobar y a las amenazas de la que actualmente son víctimas dirigentes comunitarios, como represalias por la defensa de sus territorios. “Cuatro familias indígenas corren peligro inminente de ser desalojadas forzosamente de sus casas en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Podrían sufrir violencia a manos de la policía, y la pérdida de sus hogares y de sus medios de vida”.
El 30 de mayo, un juez de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina, denegó la petición de la Comunidad India Quilmes de Colalao del Valle de que se detuviera la orden de desalojo contra las familias. Miembros de la comunidad fueron desalojados el 17 de septiembre de 2009 y el 5 de enero de 2010 de cuatro hectáreas de tierra cuya propiedad reclaman tanto la comunidad como una empresa. En ambas ocasiones reocuparon las tierras días después. Unos policías, acompañados de un juez local, trataron de desalojarlos por tercera vez el 29 de abril de 2011, pero la comunidad se resistió al desalojo. Varios miembros de la comunidad y varios agentes de policía resultaron heridos en el enfrentamiento. La decisión del 30 de mayo ha dado a las autoridades luz verde para intentar un nuevo desalojo. En la actualidad, unas 30 personas, entre ellas 10 menores, viven en la tierra en disputa.
El desalojo de comunidades indígenas está prohibido en la actualidad por la legislación argentina. Las leyes 26.160 y 26.554 han establecido una prohibición general de los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional (“relevamiento de tierras”) para definir los territorios indígenas.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
expresando preocupación por el peligro de que cuatro familias de la Comunidad India Quilmes de Colalao del Valle sean objeto de un nuevo desalojo forzoso;
instando a las autoridades a no llevar a cabo este desalojo forzoso ni ningún otro contra comunidades indígenas de ninguna parte del país, conforme establecen las leyes nacionales 26.160 y 26.554;
pidiendo a las autoridades que garanticen que los funcionarios que ordenen y lleven a cabo desalojos forzosos contra comunidades indígenas rinden cuentas de sus actos;
recordando a las autoridades que deben tomar todas las medidas posibles para respetar los derechos de las comunidades indígenas, conforme establecen la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2011, A:
Dr. Julio César Alak
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Sarmiento 329, C.P. 1041, Buenos Aires, Argentina
Fax: (+54) 11 4328-0865
Correo-e.: privada@jus.gov.ar
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Cr. José Jorge Alperovich
Gobernador de la Provincia de Tucumán
Casa de Gobierno, 25 de mayo 90, C.P. 4000, San Miguel de Tucumán, Argentina
Fax: (+54) 381 484-4003
Correo-e.:
privadagobernador@tucuman.gov.ar
Tratamiento: Estimado Señor Gobernador
Y copia a:
Comunidad India Quilmes
Ruta 40 Km. 4292
Colalao del Valle, Tafí del Valle, C.P. 4141, Provincia de Tucumán, Argentina
Envíen también copia a la representación diplomática de Argentina acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Más información: http://www.amnesty.name/es/library/info/AMR13/002/2009/es
INFORMACIÓN ADICIONAL
El pueblo indígena quilmes se compone de unas 3.000 personas, la mayoría de las cuales viven en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. La comunidad de Colalao del Valle es una de las comunidades quilmes más grandes, con aproximadamente 1.000 habitantes.
Las autoridades provinciales también han desalojado a otras comunidades indígenas cercanas, algunos de cuyos dirigentes han sido atacados por defender la tierra que reclaman como suya. El dirigente indígena Javier Chocobar, de la comunidad de Chuschagasta, fue asesinado el 12 de octubre de 2009, en una aparente represalia por su trabajo para garantizar la seguridad de tenencia para su comunidad. Un terrateniente local y dos ex policías han sido acusados de su asesinato. El caso será juzgado en 2012.
Unos policías trataron de desalojar por la fuerza a la comunidad indígena de El Nogalito el 22 y 25 de septiembre de 2009. Los dirigentes indígenas Manuel Joaquín Pérez y Margarita Mamaní han denunciado amenazas de muerte e intimidación en relación con su campaña para garantizar la seguridad de tenencia para El Nogalito. El 13 de octubre de 2010, alguien dejó ante la casa de Manuel Pérez un sobre que contenía balas. El 10 de marzo de 2011, un hombre dejó en el teléfono celular de Manuel Pérez un mensaje de voz en el que amenazaba con matarlo y decía que estaba siguiendo a su hijo. El 31 de marzo, Manuel Pérez recibió una amenaza de muerte mediante un mensaje SMS. Margarita Mamaní recibió su última amenaza de muerte el 26 de abril. Aunque todos estos incidentes se han denunciado a las autoridades, nadie ha rendido cuentas, y no se ha brindado protección alguna a los dirigentes indígenas ni a sus comunidades.
La presión sobre las tierras ancestrales de las comunidades indígenas podría intensificarse en Argentina a medida que se acerca la fecha de reanudar los desalojos sin que el relevamiento de tierras indígenas progrese de forma sustancial. Mientras tanto, los desalojos forzosos continúan, ya que algunas autoridades locales y provinciales no respetan las leyes nacionales 26.160 y 26.544. Las tierras indígenas son reclamadas en ocasiones por individuos particulares, empresas o entidades oficiales que buscan desarrollar en ellas proyectos para su propio beneficio.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 y que Argentina ha respaldado abiertamente, establece que “[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios” y que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras […] que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma”.

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