A un año del asesinato de Luis Espinoza, se necesitan políticas públicas para una seguridad democrática

Miércoles, 19 de mayo de 2021

El 15 de mayo se cumplió un año de la desaparición y asesinato de Luis Espinoza. Espinoza tenía 31 años, 6 hijos, no sabía leer ni escribir y era trabajador rural. En el hecho, estuvieron involucrados diez agentes policiales y dos civiles. Aunque el fiscal de la causa, Carlos Sale, solicitó la elevación a juicio, lo cierto es que la familia de la víctima sigue a la espera de una fecha para ver en el banquillo a los acusados. 

En este hecho violento se visibilizó la permanencia de prácticas atroces y redes de complicidad. Prácticas que no se agotan en responsabilidades individuales sino que son un problema sistémico que requiere además medidas políticas para prevenir la cadena de violencias que culminan en este tipo de crímenes. 

Días después de la aparición del cuerpo de Espinoza, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, declaró que “no se toleran ni se tolerarán acciones que estén reñidas con la moral ni con el marco legal que debe tener un policía al cumplir sus funciones”. ¿Qué políticas tomó el Poder Ejecutivo en este sentido? A un año del hecho, sus palabras no se transformaron en acciones. 

Al contrario, la línea oficial es seguir analizando estos crímenes como hechos aislados, impidiendo así avanzar en cambios integrales de la Policía provincial que apunten a la profesionalización y fortalecimiento de una institución necesaria. El objetivo es lograr que la policía pueda fortalecerse en sus tareas para la prevención de los delitos y responda así a uno de los reclamos más urgentes de nuestra sociedad: la inseguridad. 

Un estudio de opinión de la consultora “Sociología y Mercado” muestra que para casi el  88% de los entrevistados la inseguridad es el principal problema de Tucumán y para casi el 52% la solución es reformando la policía para evitar la corrupción y la complicidad con el delito.

Tras el asesinato de Espinoza, en la legislatura provincial se presentaron algunos proyectos que proponen respuestas más profundas. Sin embargo,  duermen en comisiones. Son propuestas que contemplan capacitaciones en valores democráticos que sean obligatorias para el ingreso, los ascensos y la permanencia de agentes así como el fortalecimiento de órganos de control independientes dentro de la policía que escapen a la lógica autodepurativa presente en la institución. 

Desde ANDHES acompañamos desde hace una década la necesidad de una reforma policial a partir de  problematizar el actual estado de una formación policial deficitaria, únicamente centrada en forjar carácter y aptitud física. Debemos tener un compromiso comunitario para actualizar la institución policial y librarla de las rémoras autoritarias que permanecen.

Creemos que la seguridad es un problema multicausal que debe ser debatido con la mayor amplitud posible y compromiso con la perspectiva de derechos humanos, por esto es necesario que el estado tome acciones y ponga en funcionamiento políticas públicas para prevenir y erradicar este tipo de delitos.

Ginés Aráez – Cocoordinador del área Seguridad y Derechos Humanos de Andhes

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