A tres años de la declaración de inconstitucionalidad, Andhes continúa exigiendo la reforma de la Ley de Contravenciones

El 5 de octubre del 2010, el máximo tribunal judicial del país declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones Policiales Nº 5140 de la provincia de Tucumán e instó a la provincia a adecuar su normativa a los estándares mínimos de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Nacional y Provincial, como en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Miembros de la ONG andhes señalaron que a pesar del fallo de la Corte, en la provincia aún no hay respuestas.
La Ley de Contravenciones fue creada durante la última dictadura militar bajo una concepción reaccionaria y arbitraria que caracterizó esa dolorosa etapa de nuestra historia. Hoy permanece intacta y aplicable. El actual régimen de contravenciones policiales representa un modelo de seguridad pública autoritaria, que ante diversos conflictos de convivencia la única respuesta que propone es el encierro, priorizando de esta manera el mantenimiento de un orden ficticio por sobre la verdadera paz social. “La aplicación de la normativa contravencional vigente, por parte de la policía, tiene una clara función criminalizante y discriminatoria de determinados grupos sociales: sectores de menores recursos, jóvenes y colectivos de personas que son perseguidos por sus elecciones y/o formas de vida”, señalaron desde andhes.
Al mismo tiempo, agregaron que “bajo ningún punto de vista esta normativa funciona, ni podría funcionar, como una política de prevención de delitos. Al contrario, alienta un accionar ilegal y delictual de las propias fuerzas de seguridad a quién se delega la resolución de conflictos vecinales y en nada ayuda a prevenir situaciones delictuales, pues su objeto y fin es otro”. “De esta manera, en la provincia contamos con una policía que tiene como única función la privación de sujetos por infracciones menores, mientras que se pierde capacidad en prevenir e investigar delitos de mayor gravedad”, concluyeron desde la ONG.
El desafío de contar con una nueva ley de contravenciones policiales, que respete derechos y garantías y aporte en la implementación de políticas públicas de seguridad eficientes y democráticas, continúa vigente, y desde andhes aseguraron que no claudicarán en la lucha.
La declaración de inconstitucionalidad
La ONG andhes realizó una presentación en el 2004 basándose en el caso de José Núñez, quien fue acusado de una violar la Ley de Contravenciones en el barrio «La Bombilla». El juez de primera instancia falló a favor de la presentación, pero el Estado apeló y la Corte Suprema de la Provincia hizo lugar.
Ante esto, la organización presentó un recurso extraordinario federal, y el 5 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió al respecto declarando finalmente la inconstitucionalidad de dicha ley. A tres años cumplidos desde el fallo, la Ley sigue vigente en la provincia desoyendo la orden del máximo tribunal del país.
La ONG, además de las acciones legales, realizó una fuerte campaña de concientización social. A través de Foros, Capacitaciones y Festivales, ha buscado visibilizar la problemática y exigir que se derogue la Ley vigente, aportando a una nueva visión de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y democrática.
Hechos recientes
El viernes 6 de Septiembre, el reportero gráfico Bruno Cerimele, quien es además miembro del equipo de comunicación de andhes, fue amenazado y agredido por agentes de seguridad mientras realizaba la cobertura para la Agencia Infoto, en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Los agentes intentaron arrebatarle su cámara y conducirlo hasta la seccional mediante amenazas. Ante esto, andhes realizó una denuncia ante el Ministerio de Seguridad Ciudadana. “Este tipo de hechos, de abuso y autoritarismo, no corresponden a situaciones aisladas. En una policía que está siendo investigada judicialmente por gravísimos hechos de corrupción y abuso policial, es fundamental diseñar una política de seguridad integral, democrática y eficiente. La reforma de la ley contravencional actual constituye un primer paso en ese camino.”, finalizaron desde la ONG .

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