A seis meses del ‘Caso Lucía’, el Estado provincial no tomó medidas para garantizar el acceso a las Interrupciones Legales del Embarazo

Las organizaciones Andhes y Cladem denunciaron que ningún responsable político ni médico ni judicial fue separado de su cargo por las torturas a la niña de 11 años a la que se le obstaculizó el acceso a la ILE. Reclamaron la implementación de protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, educación sexual integral y la adhesión a la ley Micaela.

Hace seis meses, pasada la medianoche, Lucía finalmente podía acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había solicitado ante el hospital público y en la Cámara Gesell en sede judicial. Lucía tenía 11 años, fue abusada por un familiar y producto de esa violación quedó embarazada. Medio año después, el Estado provincial no avanzó para deslindar responsabilidades médicas, políticas ni judiciales respecto de quienes obstaculizaron la ILE y torturaron a la niña. Tampoco se tomaron medidas para impedir que se repita una situación similar ni hubo una reparación coherente y sustancial ni una respuesta institucional, integrada y sólida para restituir los derechos de Lucía y reparar los daños. Los obstáculos para acceder a la ILE son el último eslabón de sistemáticas violencias y vulneraciones de derechos de la niña que el Estado sigue reproduciendo por acción y omisión.

Es por eso que desde Andhes y Cladem reclamaron al gobierno provincial y a la legislatura medidas para garantizar el acceso de las ILE según lo establecen las leyes argentinas y se cumpla lo establecido por el fallo FAL.  También que se respeten las recomendaciones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW son sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará respecto al acceso a los abortos no punibles.

El artículo 86 del Código Penal establece los abortos no son punibles en dos supuestos: si existe un peligro para la vida o la salud de la madre o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

A partir del fallo FAL, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, es no punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo. Además convocó a los poderes judiciales de todas las provincias a no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe y le encargó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

Lucía es la síntesis de los obstáculos médicos y políticos organizados para impedir el cumplimiento de derechos. La tortura a la que fue sometida es intolerable para un país que firmó compromisos internacionales para la eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres. A la violencia sexual que sufrió Lucía, se le sumó la violencia institucional cruel, perversa, encubierta e impune por funcionarios públicos, médicxs y por sectores eclesiásticos.   

Por eso, las organizaciones instaron “al Estado Provincial para que aplique el protocolo de ILE y que garantice los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no permitiendo que casos tan aberrantes como éste vuelvan a suceder. La garantía de no repetición incluye el deber a cargo del Estado de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias hacia las niñas y las mujeres de nuestra provincia”. Además, exigieron que se avance con la implementación de la educación sexual en todos los niveles educativos y la adhesión provincial a la Ley Micaela que establece capacitaciones obligatorias en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

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