¿A qué se refiere la ministra de Salud cuando dice que en 2018 hubo 18 casos como el de Lucía?

Ilustración: Ximena Foguet


“En 2018 tuvimos 18 casos “Lucía” y pudimos resolver todos los temas. El problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público algo, es muy difícil intervenir”, declaró la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, en una entrevista en La Gaceta Central.

Desde Andhes y Cladem, organizaciones que acompañamos a Lucía y su familia, queremos responderle con más preguntas que afirmaciones.

Es necesario recordar que Lucía tenía 11 años cuando quedó embarazada producto de una violación. Lucía solicitó la interrupción legal del embarazo (ILE) pero durante un mes el Estado se la negó. Para practicarle la ILE, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tuvo que contratar a médicxs del sector privado. Todxs los del Hospital del Este se declararon objetores de conciencia. José Gijena y Cecilia Ousset, convocados por el gobierno provincial, luego fueron denunciados por sectores antiderecho, perseguidos por la justicia provincial y abandonados por el Siprosa.

El 27 de septiembre pasado, el Estado reconoció en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos de Lucía fueron vulnerados.

Entonces, ante sus declaraciones, nos preguntamos: ¿A qué se refiere la ministra cuando habla de 18 niñas como Lucía? ¿18 niñas fueron impedidas de acceder a sus derechos? ¿18 niñas fueron torturadas y obligadas a seguir con un embarazo? ¿Cuántas niñas menores de 14 años, en este último año, parieron en Tucumán?.

¿Qué significa para la funcionaria que 18 casos se resolvieron? ¿Que se les permitió acceder a la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Se siguieron los lineamientos del protocolo ILE? No hay cifras oficiales de cuántas niñas pudieron  acceder a la interrupción legal del embarazo ni de cuántas niñas son obligadas a parir en Tucuman. Aún esperamos que el Ministerio de Salud responda nuestro pedido de acceso a esa información que debería ser pública pero que se la oculta.

La ministra dice que el Caso Lucía se mediatizó. Por suerte sí. Porque a partir de su visibilización y las presiones nacionales e internacionales, el Estado debió acceder a practicar la ILE que había solicitado. ¿Y todos los otros casos no salieron a la luz?.

“Creo que se hizo público lo de “Lucía” y no los otros casos por los diferentes grupos que estuvieron en ese momento”, declaró. ¿Sabía la ministra que la familia de Lucía acudió a las organizaciones desesperadas porque no lograban que le garanticen la interrupción del embarazo a la niña? ¿Sabía que Lucía pidió que ‘llamen a las del pañuelo verde’ porque quienes deben actuar conforme a la ley actúan según sus creencias religiosas personales?.

Para la ministra su ministerio ha “hecho lo que ella (Lucía) quería y cuando la mamá pidió”.  ¿Sabía que su ahora ex Secretario Ejecutivo, Gustavo Vigliocco, le dijo a la mamá de Lucía que la niña se moriría si le practicaban una ILE? ¿Sabía que Vigliocco le regaló una Tablet a la nena para convencerla de que continúe con su embarazo y que le preguntó más de una vez “estás segura que querés matar a tu bebé?” mientras le tocaba la panza?.

Pero no importan nuestras preguntas, ministra. Importa que se cumplan los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Y a esta altura, tenemos más dudas que certezas de que su ministerio esté orientado a garantizar que casos como el de Lucía no se repitan nunca más. Por eso le pedimos respuestas claras, que no se excuse de sus obligaciones y tire la responsabilidad de garantizar derechos a las organizaciones. No queremos que haya más niñas obligadas a maternar en Tucumán. ¿Compartimos ese anhelo?.


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