A dos años de la declaración de inconstitucionalidad, andhes continúa exigiendo la derogación de la ley de Contravenciones policiales

Hoy se cumplen dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo «Nuñez», declaró que el procedimiento contravencional de la provincia de Tucumán «no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo, y ha lesionado en el caso la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad». Por esto, «seguimos exigiendo  la inmediata derogación de la actual Ley de Contravenciones Policiales y la creación de un Código acorde a estándares de derechos humanos», indicaron desde andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

El 5 de octubre del 2010, el máximo tribunal judicial del país declaró inconstitucional la Ley de Contravenciones Policiales Nº 5140 de la provincia de Tucumán e instó a la provincia a adecuar su normativa a los estándares mínimos de derechos humanos  reconocidos tanto en la Constitución Provincial, como en la Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.
Cabe recordar que esta ley fue creada durante la última dictadura militar y representa el modelo reaccionario y arbitrario que caracterizó esa dolorosa etapa de nuestra historia. Hoy permanece intacta y aplicable.
“Esta ley es utilizada en la actualidad por la policía tucumana como una herramienta de control social y cultural violando principios constitucionales y de derechos humanos que sientan las bases de nuestro ordenamiento jurídico. No debemos permitir confundir a la opinión pública con discursos tendientes a equiparar a la ley de contravenciones con una herramienta para combatir la inseguridad. Este mito, transmitido desde ciertos sectores del Estado provincial, es usado para asegurar que las fuerzas policiales actúen sin respetar derechos y garantías ciudadanas, arbitrariamente, y sin ningún tipo de contralor de sus acciones”, explicó Matías Lorenzo Pisarello, responsable del área de Seguridad de andhes.
Al mismo tiempo, agregó que “bajo ningún punto de vista esta normativa funciona, ni podría funcionar, como una política de prevención de delitos. Al contrario, alienta un accionar ilegal y delictual de las propias fuerzas de seguridad y en nada ayuda a resolver situaciones delictuales, pues su objeto y fin es otro”.
“Por eso, a dos años del fallo de la CSJN continuamos exigiendo  la inmediata derogación de la actual Ley de Contravenciones Policiales y la creación de un Código acorde a los estándares de derechos humanos que impone nuestra Constitución Provincial, la Constitución Nacional, los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como así también la jurisprudencia de las Cortes Internacionales a las que nuestro País reconoce competencia”, concluyó Josefina Doz Costa, Directora Ejecutiva de la organización de Derechos Humanos.
 

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