A 529 años del inicio de la resistencia indígena, los pueblos originarios continúan luchando por sus derechos

Martes, 12 de octubre de 2021

Un nuevo 12 de octubre nos recuerda, no el “descubrimiento de América”, sino  el inicio de la lucha y la resistencia de las pobladoras y pobladores originarios americanos. La colonización europea tenía un proyecto de despojo y dominación para las y los americanos indígenas, que hasta nuestros días se sigue reproduciendo. Por ello, el mayor reclamo de los pueblos indígenas en la actualidad es por el reconocimiento de sus territorios comunitarios. 

El próximo 23 de noviembre vencerá la tercera prórroga de la ley 26.160 promulgada en 2006 y prorrogada tres veces desde entonces. Dicha ley declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígena. Es necesario que el Congreso de la Nación confirme una nueva prórroga: después de 15 años, se ha avanzado con menos de la mitad del trabajo.

Ante la mora estatal y la necesidad de avanzar de forma urgente, es necesario que en esta prórroga se incluya un presupuesto destinado a cumplir con el relevamiento, previendo un mecanismo de transparencia, a fin de poder hacer un seguimiento de la ejecución de los fondos y del avance de esta política pública. Asimismo, es fundamental que la ley incorpore un artículo que ordene la inscripción en los registros inmobiliarios/catastrales de las provincias de las resoluciones administrativas que dan por cumplido y aprueban el relevamiento territorial de cada comunidad y que reconocen la ocupación actual, tradicional y pública, a fin de otorgar publicidad. 

En el NOA el derecho al territorio, de posesión ancestral, es avasallado constantemente, no sólo por terratenientes y empresarios sino también por los Estados Provinciales, cuando deberían ser estos quienes garanticen que los derechos de los pueblos indígenas se cumplan. 

En la Provincia de Jujuy, desde hace 6 años, las comunidades resolvieron un plan de lucha sostenido ante diversos proyectos que avanzan sobre sus territorios, como los proyectos mineros que conllevan un impacto ambiental negativo, donde tampoco se respetó la consulta previa, libre e informada. Es de extrema gravedad institucional la existencia de leyes provinciales por las cuales no han sido consultadas, y que van a contramano de los derechos humanos, como las leyes de servidumbre, del sistema provincial de áreas protegidas, de ordenamiento territorial y de apropiación estatal de territorio vía administrativa.

Mientras que en la provincia de Tucumán, más del 90% de las comunidades indígenas han concluido con el relevamiento territorial, desde el año 2014 a la actualidad no se ha avanzado con su regularización dominial, lo que ha llevado a que los conflictos territoriales se vuelvan cada vez más violentos. 

Desde ANDHES, sabemos que falta mucho por avanzar en la plena vigencia de los derechos de las comunidades indígenas y por ello acompañamos la lucha de las comunidades, exigiendo a las autoridades la prórroga de la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, y la urgente legislación para el pleno acceso a la propiedad comunitaria atendiendo a las demandas y necesidades de su gente y no de los intereses externos que las vulneran.

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