Andhes repudia la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de no considerar la posición mayoritaria y los aportes de expertos en relación a la baja de edad de imputabilidad expresadas en las “mesas de trabajo especializadas” y el “ciclo de diálogos” convocados por dicho Ministerio. “La actitud del Ministerio de no responder a cada uno de tales argumentos y no explicar por qué se aparta de los mismos, quiebra su promesa de diálogo sincero y honesto, a la vez que vacía de contenido una política de consulta y participación encarada con seriedad, compromiso y responsabilidad por los actores convocados”, manifestaron desde la organización de DDHH.

Las mesas de trabajo tuvieron la finalidad de que, debate mediante, se erigieran los puntos nodales de un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Penal Juvenil. Durante el proceso, los actores participantes (defensores públicos; jueces especializados; organizaciones de la sociedad civil; organismos internacionales; investigadores y representantes de centros académicos y de asociaciones profesionales; entre otros, procedentes de Buenos Aires y de diversas provincias), ofrecieron argumentos de forma escrita y oral sobre temas relacionados con el sistema penal juvenil, a los fines de promover un diálogo razonado sobre la temática. En las 8 mesas de trabajo organizadas, se remarcó la importancia de constituir un sistema de responsabilidad penal juvenil especializado, enmarcado en un paradigma de protección, respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos, y con particular énfasis en los principios de no regresividad y excepcionalidad directamente relacionados con la edad de imputabilidad.

Andhes y el Colectivo de derechos de Infancia y Adolescencia, en línea con más de 35 de los oradores  presentes, sostuvieron que “bajar la edad de imputabilidad es una medida inconstitucional, porque va en contra de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos; es contrario a la obligación del Estado de avanzar progresivamente en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes; y es, por tanto, una medida regresiva, que incumple con los estándares referidos”. Aquellos que de alguna manera insinuaron la posibilidad de incrementar el margen punibilidad de los y las adolescentes, o que incluso lo defendieron enérgicamente, sostuvieron argumentos que giraron en torno a las falencias actuales del sistema integral de protección, y, desde una posición aún más dura, sobre la necesidad de políticas de seguridad enmarcadas en un paradigma punitivista.

Desde la ONG expresaron que “bajar la edad significa volver a hacer foco en el aspecto punitivo y coercitivo, a través del sistema penal, en lugar de invertir y apostar por el interés superior del niño, que rige en el paradigma proteccional, lo que implicaría fijarse en las instancias de prevención mediante políticas públicas específicas y adecuadas. La mirada punitivista engloba a políticas que ponen el foco en el niño como problema y no como sujeto de derechos y protección. Asimismo, busca mostrar resultados a corto plazo, pero no aborda las causas subyacentes y estructurales, ni se enfoca suficientemente en la prevención. En consecuencia, estas políticas no aportan respuestas eficaces ni duraderas al problema. Por otro lado, su implementación, además, resulta vulneradora de los derechos humanos, y selectiva, puesto que criminaliza y estigmatiza a jóvenes y adolescentes de los barrios populares, en contextos en los que muchos de sus derechos ya han sido vulnerados. En esta línea, bajar la Edad Mínima de Responsabilidad Penal en el país implica, en la práctica, profundizar la criminalización de la infancia pobre”.

El 95% de los participantes coincidió en que se necesita una política de estado que avance, con toda su fuerza, en la construcción y consolidación del sistema de protección integral de niñez, para garantizar que cada niño y niña del país, pueda acceder a todos sus derechos. Que, en definitiva, haga práctica el marco internacional de derechos humanos. Esto, indefectiblemente, significa más políticas públicas para la infancia y más presupuesto invertido en ella. Necesitamos fortalecer los espacios de participación protagónica para niños, niñas y adolescentes que ya existen y promover la generación de otros, en los que los niños, niñas y adolescentes puedan pensarse y reconocerse como actores políticos, como sujetos de derechos, como agentes de cambio, parte de nuestra sociedad. La experiencia de muchas organizaciones de la sociedad civil que aportan en este sentido, da cuenta de otra forma posible de trabajar junto a niños, niñas y adolescentes, desde donde generar sus propias propuestas de transformación, para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva y, por lo tanto, reducir el conflicto con la ley penal.

No obstante la abrumadora posición de los expertos en contra de esta medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, anunció la baja como parte central de su proyecto de reforma, y hacer foco en que la misma es una respuesta a los problemas de seguridad social. “Esta falacia coloca el problema en los niños y no en la responsabilidad del Estado de garantizar un sistema de protección integral”, sentenciaron desde la organización.

Finalmente, desde andhes, destacaron que lamentan la posición del gobierno sobre este punto, así como “la forma en que el Ministerio vació de contenido el proceso de diálogo convocado, lo cual revela que la posición de los expertos no fue ni siquiera considerada. Si bien la consulta fue no vinculante, en el contexto de un diálogo democrático, debería dar respuesta a cada una de las razones en contra de su posición, y fundar así su apartamiento de la opinión de los especialistas en la temática”.

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