La reforma al régimen penal juvenil en la Argentina se enmarca en una serie de políticas regresivas en derechos que el macrismo impulsa. La instrucción en armas en liceos militares, la reforma educativa, el desmantelamiento en materia de salud mental, especialmente de los dispositivos territoriales, por nombrar algunos ejemplos, dan cuenta de esta visión. Medidas que en muchos casos implican un claro retroceso en materia de derechos humanos de niños y niñas. En ese contexto, bajar la edad de punibilidad profundiza y legitima su criminalización y persecución a una edad cada vez más temprana, en lugar de ofrecerles otras posibilidades para su desarrollo.

Los niños y niñas de los barrios pobres de nuestro país crecen en contextos de enorme violencia, por la falta de acceso a derechos básicos y la violencia de un Estado cada vez más ausente. La política económica del gobierno ha impactado especialmente en ellos y ellas: el ajuste y los despidos masivos afectan directamente sus vidas: 2017 terminó con 13,5 millones de personas en situación de pobreza, es decir el 31,4% de nuestra población, de las cuales el 48% son niños y niñas de 0 a 14 años[1]. A su turno, la reforma previsional afectará a 8 millones de personas por debajo de los 18 años[2] y a pesar del bono compensatorio, la aplicación de la nueva fórmula disminuye las prestaciones en los totales anuales de 2018. Esto significa, a contramano de los compromisos de nuestro país, invertir menos en infancia.

Frente a esto, la respuesta del gobierno profundiza esa violencia. Al contexto de ajuste, se suma la represión y la criminalización de la protesta. A partir de la sanción del decreto nacional de emergencia en seguridad de 2016, las fuerzas de seguridad se han sentido legitimadas para perseguir con más vehemencia a los y las adolescentes pobres: la misma fuerza que en muchos casos los y las hostiga, también los y las extorsiona y hasta gestiona el delito en los barrios. La connivencia mediática frente a esta situación se refuerza con una visión que criminaliza a la infancia, y asigna a la infancia pobre el calificativo de peligrosa.

Éste es el contexto en el cual el macrismo anuncia que va a retomar la discusión sobre la reforma al régimen penal juvenil. La edad mínima de responsabilidad penal no es un detalle menor, ni una suerte de accesorio. Se juegan en el fondo preguntas centrales: ¿Cuál es el rol del Estado frente a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué oportunidades genera nuestra sociedad para ellos y ellas?

Florencia Vallino

Coordinadora Área Derechos de Niñez y Adolescencia
ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

[1] Informe de la UCA 2017.

[2] Ver Infancia en Deuda. http://infanciaendeuda.org/reforma-previsional-la-infancia-no-puede-ser-la-variable-de-ajuste/