Diversas organizaciones sociales, entre las que se destacan FEPUT y ANDHES, presentaron un petitorio al gobernador de la provincia, José Alperovich, donde solicitan que convoque a una Mesa de Conversaciones Ampliada con todos los actores locales involucrados y/o interesados en la temática a fin de poder arribar a un diagnostico más exhaustivo y enriquecido por los distintos aportes

En la mañana de hoy, representantes de distintas organizaciones sociales, presentaron en mesa de entrada de Casa de Gobierno una nota dirigida al Gobernador de Tucumán, José Alperovich, donde afirman que “el Poder Ejecutivo, respetando el principio de legalidad, debería evitar reglamentar institutos propios de la Constitución provincial a través de decretos reglamentarios”.
En este sentido, consideran que el PE “debe coadyuvar a los actores responsables a encontrar las soluciones institucionales de acuerdo a la normativa vigente” y por eso,”estimamos aconsejable evitar acciones que tiendan a profundizar o agudizar la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial u obstaculizar el normal desempeño y funcionamiento de ese poder”.
Además, desde las organizaciones sociales, proponen “al Poder Ejecutivo que convoque a una Mesa de Conversaciones Ampliada con todos los actores locales involucrados y/o interesados en la temática a fin de poder arribar a un diagnostico más exhaustivo y enriquecido por los distintos aportes”.
La nota fue enviada a fin de ofrecer un aporte y punto de vista respecto de la crisis social, económica e institucional generada a nivel internacional, y que repercute en el ámbito nacional y local.
Las organizaciones sociales plantearon que “una de las herramientas más importantes para enfrentarla es el afianzamiento de la Seguridad Jurídica y el fortalecimiento de las Instituciones Democráticas”.
Ella se logra, entre otras cosas, con una relación armónica y cuidadosa de los ámbitos y atribuciones propias de cada uno de los Poderes del Estado, lo que conlleva a respetar la división de poderes. Por eso, consideran que es necesario que la Provincia se presente ante la Nación y el Mundo como una comunidad con instituciones fuertes y confiables.

El planteo toma mayor relevancia ante la intención del Gobierno Provincial de dilatar la discusión sobre la conformación del Conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) hasta después de las elecciones nacionales de julio. En este sentido, la profundidad de la crisis en el Poder Judicial requiere acciones urgentes que resuelvan la problemática.
Ante de enviar esta carta al Poder Ejecutivo, a los fines de resolver en forma inmediata la situación generada por las vacancias en la Justicia, las organizaciones enviaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia solicitándole que, en su carácter de cabeza del Poder Judicial, y en virtud de las atribuciones legales y constitucionales que le asisten, convoque a los Jueces recientemente jubilados a reasumir momentáneamente sus funciones hasta la designación de los Jueces definitivos.
Asimismo, solicitaron a la Legislatura de Tucumán, se aboque al estudio y análisis del mas justo y eficiente mecanismo de selección de Jueces, convocando a todos los sectores sociales involucrados e interesados en esta temática a efectuar sus aportes y enriquecer la discusión, sin perder de vista las pautas establecidas por la Constitución de Tucumán, y las señaladas por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en su calidad de intérprete final de las normas constitucionales.
Las misivas fueron enviada por integrantes de los distintos sectores que constituyen la sociedad democrática y plural de Tucumán. Entre ellas, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, el Colegio Médico, el Colegio de Bioquímica, el Colegio  de Ciencias Biológicas, el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Farmacéuticos, el Círculo de Médico del Sur, el Grupo Alberdi, la Fundación del Tucumán, el grupo Tucumán no se Vende, el Centro de Estudios Paideia/Politeia, la Sociedad Rural de Tucumán  y la encargada de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UNT, Carmen Fontán.