Realizar un análisis en materia de derechos humanos de la niñez, requiere necesariamente reflexionar sobre la importancia de la adolescencia. Desde principios de año se instaló fuertemente un debate de notoriedad pública sobre la reforma del sistema penal juvenil vigente en Argentina, hecho que pone bajo la lupa la edad de punibilidad en adolescentes y que debe preocuparnos mucho más en Jujuy.

Creemos que es fundamental atravesar procesos participativos de diálogo de manera colectiva para repensar nuevas estrategias que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para ello se necesita que todas las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil se comprometan y establezcan propuestas acordes a los estándares internacionales de derechos humanos en futuros proyectos de ley, como así también en políticas públicas.

Pretender bajar la edad de imputabilidad en Argentina es atentar contra los principios de la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y todo el corpus jurídico internacional de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, es una medida inconstitucional e ilegítima desde lo legal, que viola, entre otros, el principio de no regresividad, aquel que vela por el no retroceso en materia de reconocimiento y garantía de derechos.

Replantear el debate sobre la  “baja de la edad de punibilidad”, solo respondería a estigmatizar a un grupo etáreo y no a las causas estructurales de la inseguridad. Esto sin duda profundiza la criminalización de adolescentes y jóvenes, a la vez que aumenta también los prejuicios o representaciones sociales entorno a los sectores populares.

Debemos ocuparnos de la adolescencia, pero no a través del sistema penal, sino a través del paradigma de protección integral de derechos, con políticas públicas tendientes a evitar el encuentro de los niños, niñas y adolescentes con la delincuencia u otras problemáticas. Tenemos que trabajar fuertemente en consolidar el sistema de protección integral y ver de qué forma los integramos a nuestra sociedad brindándoles herramientas socialmente útiles para garantizarles sus derechos. Si llegamos a ellos a través del sistema penal, llegamos tarde.

La adolescencia es la segunda etapa del desarrollo humano, etapa de crecimiento, antes de llegar a la edad adulta, con la característica particular de ser una etapa de ritmos acelerados de diversos cambios, lo cual muchos de ellos, los hacen vulnerables. Por eso resulta necesario cuidar del contexto en donde se desarrollan y crecen los/as adolescentes. En ese sentido lo que hace falta para abordar las problemáticas de la niñez y adolescencia, son políticas públicas efectivas con perspectiva social en derechos humanos.

El paso a un Estado más punitivista contribuye a empeorar la situación en materia de vulneraciones de derechos y personas, más aun cuando los sistemas de protección no se encuentran fortalecidos, o cuando existen problemas estructurales de precarización y pobreza. Resulta necesario consensuar una ley de responsabilidad penal juvenil de sólidos fundamentos democráticos de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y que garantice el acceso y el ejercicio pleno de todos sus derechos, pero para ello el Estado debe generar más espacios de dialogo y encuentros para pensar estrategias que breguen por acciones positivas y concretas que propicien el bienestar de toda nuestra niñez y adolescencia.

Sentimos que aunque mucho del tema en Jujuy no se trate, es fundamental empecemos a pensar propuestas colectivas y articuladas desde la intersectorialidad para garantizar derechos, escuchar lo que la adolescencia tiene para decir en pos de una transformación social, que consolide una verdadera democracia participativa en donde niños, niñas y adolescentes sean protagonistas. Es necesaria una reforma en materia penal juvenil que se adecue al corpus internacional de protección de derechos humanos de la niñez y adolescencia, sin embargo consideramos categóricamente que esta no debe incluir fundamentos que bajo ningún aspecto pretendan bajar la edad minima de imputabilidad.

Nadia Hinojosa Cari

Área de Niñez y Adolescencia de andhes