Las niñas, niños y adolescentes son quizás una de las poblaciones más vulneradas del NOA, por lo que un debate para el análisis de las causas y las problemáticas que los conciernen es una necesidad primaria.

La preocupación de ANDHES es crear un ámbito para que estas discusiones se lleven adelante y se vayan incorporando a la agenda pública de la región, procurando que la perspectiva marcada por la Convención de los Derechos del Niño sea el eje de la adecuación del marco normativo vigente y las políticas públicas aplicadas en las provincias.

Tanto en el Estado como en una gran parte de la sociedad civil que se vincula con la infancia y la adolescencia se observa que no se ha internalizado la idea de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho y deben ser tratados como tales. Esto produce una falta de claridad acerca de la noción básica según la cual por cada derecho hay un deber del Estado de garantizarlo. Las prácticas frente a niños y adolescentes siguen guiadas actualmente por la idea de asistencia y no hay avances en la construcción de una perspectiva de derechos humanos.

Por ello, ANDHES cree que los ámbitos de discusión pueden significar un gran aporte en el NOA para generar un cambio basado en el fortalecimiento, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y la plena vigencia de sus derechos humanos. Como punto de partida hemos considerado esencial incidir en los procesos de adecuación legislativa de cada provincia, aunque esto haya significado empezar por visualizar las inconstitucionalidades existentes en las leyes referidas a la materia o las prácticas institucionales contrarias a los principios constitucionales. Creemos fundamental como un primer paso para aportar a este cambio, la vigencia de una ley provincial de Tucumán de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el plano legislativo, ANDHES ha participado activamente en las acciones tendientes a la promulgación de una ley de protección integral. La misma fue sancionada por unanimidad por la Legislatura local en diciembre de 2005, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo provincial. La sanción a nivel nacional de la Ley 26.061 ha puesto más en evidencia la falta de adecuación legislativa de Tucumán al marco legal establecido por la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y las leyes inferiores.