La organización de derechos humanos presentó un amparo por mora solicitando que tanto la Legislatura como la Defensoría del Pueblo inicien los mecanismos de selección de miembros de la Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura (CPT) previstos en la ley nº 8.523, reglamentada el 01/12/2016 bajo el Decreto N° 3.956/14 (SEDDHH).

En este sentido la Sala III de la Excma. Cámara Contenciosa Administrativa dispuso requerir que en el plazo de 5 días las mencionadas instituciones informen sobre las causales de la mora denunciada.

En fecha 12 de Septiembre de 2012 el entonces gobernador de la provincia promulgó la Ley N° 8.523 que crea la CPT, una institución especializada, descentralizada, independiente, con funcionamiento autónomo y financieramente autárquico, destinada a ser el órgano de aplicación en la provincia de Tucumán del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. A través de Decreto N° 3.956/14, el ejecutivo provincial reglamento esta ley disponiendo un plazo de 120 días para su puesta en funcionamiento con la estipulada selección de su personal, los cuales se encuentran largamente excedidos.

Matías Lorenzo Pisarello Coordinador del Área de Seguridad y Derechos Humanos de la organización manifestó que el establecimiento de un Mecanismo de Prevención fortalece el abordaje preventivo de la tortura en lugares de encierro, facilita la periodicidad de inspecciones de monitoreo, favorece el diálogo cooperativo con las autoridades provinciales y la  coordinación de acciones multiagenciales entre los actores e instituciones que pueden aportar acciones preventivas.

Finalmente desde Andhes expresaron que la puesta en marcha del Mecanismo Provincial contra la Tortura resulta fundamental para librar una batalla cultural, integral, hacia adentro y hacia afuera de los lugares de detención, que parta desde el propósito de “bajar los umbrales de tolerancia a la tortura” de algunos sectores, hacia la condena definitiva social e institucional de la tortura en el siglo XXI, razón por la cual resulta imperioso que se seleccionen los miembros de la Comisión Provincial contra la Tortura y que la misma comience a funcionar con la mayor celeridad posible.