En noviembre de 2016 una decisión de la Sala IV de la Cámara Penal, alertó y sorprendió a quienes trabajamos desde hace años acompañando a los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos. Una sanción impuesta a una compañera abogada –María Belén Leguizamón Salvatierra- quien trabaja en una organización de la sociedad civil de reconocida trayectoria –ANDHES- por el sólo hecho de reclamar por la lentitud de la justicia, frente al caso del asesinato del comunero Javier Chocobar, un caso paradigmático en Argentina de violencia hacia las comunidades indígenas, que prácticamente consagró la impunidad en la provincia.

Las sanciones solicitadas por la Fiscal de Cámara se justificaron en su momento en “la conducta indecorosa por falta de respeto a la autoridad e investidura del Tribunal…”, a lo que el Tribunal hizo lugar ya que coincidió con los argumentos de la fiscal, imponiéndole su retractación en medios de comunicación locales. Resulta francamente alarmante que la justicia tucumana haya considerado pasible de castigo –y un exceso en la defensa que lleva adelante la abogada- sus manifestaciones de mora (en un caso que llevaba en 2016 siete años sin respuestas por parte de la justicia) y su convocatoria a una movilización con las comunidades indígenas en una fecha tan emblemática como la del 12 de octubre. La vulneración, entre otros derechos, de la libertad de expresión por parte de aquellos que deberían resguardarlo prendió una luz de alerta frente a lo que se estaba gestando en Tucumán: el desconocimiento de los derechos indígenas, la impunidad de aquellos que los violan, y la persecución a los defensores.

En junio de 2017, a pocos meses del hecho descripto, una sentencia sobre un desalojo de una comunidad indígena (la comunidad indígena Tolombón) de la máxima instancia de justicia de la provincia –la Corte Suprema de Justicia de Tucumán- vuelve a generar alarma y preocupación, porque representa ni más ni menos que una política judicial coherente, cuyas decisiones están vinculadas por un hilo conductor que vuelve a desconocer derechos, amparados en un discurso que apela precisamente a esos mismos derechos para rechazar la protección que las mismas leyes contemplan.

En el caso “Sucesión de López de Zavalía Fernando Justo vs. Nieva Donato Eduardo s/ Desalojo”, la Corte Suprema Tucumana a través de una argumentación en la que invoca la normativa y jurisprudencia protectora de los derechos indígenas, decide desprotegerlos invocando una interpretación equívoca de lo que debe considerarse propiedad tradicional, y a su vez desconoce –con el argumento de que no es tema de este litigio- el relevamiento técnico jurídico catastral que se había llevado adelante en cumplimiento de la ley 26160. Por otra parte, también muy preocupante, utilizan el material jurídico que ampara los derechos indígenas para echar un manto de duda sobre los derechos fundamentales en pugna, enfatizando las dificultades para los Estados de reconocer la propiedad comunitaria indígena.

Esta sentencia de la Corte Suprema de Tucumán, la decisión del Tribunal en la que sanciona a la abogada defensora de las víctimas de un homicidio, y la posibilidad de que en éste contexto la Corte confirme esas sanciones, dan un mensaje que es tan claro como preocupante y grave en términos institucionales: los derechos indígenas son relativos, existen pero no es posible garantizarlos, y cualquier queja hacia esa misma administración de justicia debe ser castigada, lo que produce un efecto ejemplificador para el resto de los defensores que reclamen –ni más ni menos- justicia en tiempos razonable para aquellos que son despojados, perseguidos y asesinados.

En este contexto, la Corte Suprema de la provincia aún tiene la oportunidad de revertir la medida.

 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Asociación de Abogados en Derecho Indígena (AADI)

Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)

Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA)

Equipo de Pueblos Originarios del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)

International Work Group for Indigenous (IWGIA)

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT)

Parlamento de Pueblos Indígenas

 

Contactos:

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Rodrigo Solá (AADI) | 0387 – 4074077