El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas instó a la Argentina a derogar el decreto de necesidad y urgencia que modificó la Ley de Migraciones 25.871 en enero de este año (DNU 70/2017). Lo hizo en las observaciones finales de la evaluación periódica sobre el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura. Según el Comité –CAT, como se lo conoce por sus siglas en inglés–, el DNU deroga parte de las garantías de la legislación de 2004, al introducir “un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión” y dificulta el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las personas migrantes. Señaló, además, que el Decreto no asegura que la detención por razones migratorias sea una medida de último recurso, ya que establece la prisión preventiva de migrantes desde el inicio del procedimiento. El Comité instó al Estado a garantizar el uso excepcional de esta medida y el control judicial efectivo de las órdenes de detención. También manifestó su preocupación por los rechazos de migrantes –en algunos casos, grupos familiares– en frontera, sin las garantías del debido proceso y asistencia jurídica gratuita.

El CAT en sus observaciones anteriores, de 2004, celebró la aprobación de la Ley de Migraciones. De cara a la evaluación de 2017, el CAT había solicitado los datos sobre detenciones y expulsiones de las personas migrantes en el país. En ese contexto, presentamos al Comité información sobre los retrocesos normativos introducidos por el DNU en la Argentina. Señalamos cómo el DNU viola el debido proceso, el acceso a la justicia de las personas migrantes y el carácter excepcional de la detención por razones migratorias, además de criminalizar a las personas migrantes. La Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación también acercaron al Comité informes sobre los graves efectos de la nueva norma.

Previamente a estas observaciones finales, durante el diálogo interactivo con los representantes del Estado argentino, los miembros del CAT ya habían manifestado su preocupación por los efectos del DNU y el posible aumento de la xenofobia y la discriminación en contra de las personas migrantes, al señalarlas como responsables de los problemas de seguridad y con el delito.

El Estado argentino debe cumplir con las observaciones del Comité contra la Tortura y, en consecuencia, derogar el DNU 70/2017.

 

– Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)

– Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

– Colectivo para La Diversidad (COPADI)

– Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

– Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración  (IARPIDI)

– Programa Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús

– Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina

– Todo en Sepia- Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina


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