Desde andhes celebraron la prórroga de la ley nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de los territorios que ocupan las comunidades indígenas del país.

A su vez instaron al Estado en su conjunto a que resuelva mediante mecanismos efectivos la titulación de los territorios indígenas.

El pasado miércoles fue aprobada en la Cámara de Diputados la ley 26.160, que ordena la realización de un relevamiento jurídico técnico catastral de los territorios que ocupan la comunidades indígenas. La misma ley además ordena la suspensión de los desalojos en las comunidades indígenas mientras se realice el relevamiento.

Desde el Área de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONG, consideraron que ésta ley “es una herramienta importante para la protección de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo la misma, después de 11 años de su vigencia (ahora prorrogados por 4 años más) no resuelve la situación de fondo: esto es, la falta de titulación de los territorios indígenas. Sumado a esto, según información oficial del INAI, solamente fueron relevadas hasta ahora el 30 % de las comunidades indígenas registradas del país. El resto se encuentra sin finalizar o en algunos casos incluso sin haberse iniciado”.

Ante esta situación “exigimos al Estado la realización y finalización de los procesos de relevamiento jurídico-tecnico-catastral ordenados por la ley. Asimismo instamos al cumplimiento efectivo de la misma, para asegurar la plena vigencia de los ddhh de los pueblos indígenas”, manifestaron desde la organización. En 11 años de su vigencia, las comunidades indígenas siguieron sufriendo desalojos forzosos e ilegales de sus territorios, muchas veces ordenados por el poder judicial, llegando incluso a la muerte, la impunidad, la persecución y la sanción a sus líderes y defensores de derechos humanos. Además de la falta de acceso a derechos y servicios básicos por parte de las comunidades indígenas.

“Seguimos alertando sobre políticas regresivas que colocan a las reivindicaciones de derechos territoriales de los pueblos indígenas como una amenaza para la seguridad nacional y sobre el papel de los medios de comunicación hegemónicos en la construcción de imaginarios falsos, basados en estereotipos racistas y xenófobos. A lo que se suma el contexto político de mano dura, criminalización de la protesta social, y demonización de todos los sectores históricamente vulnerados (adolescentes y jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas), que legitima la violencia institucional”, finalizaron desde andhes.———————————————————————————————————————————————————————————–

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