El trabajo de nuestra área consiste en analizar y proponer políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, respetuosas de estándares de derechos humanos. Asimismo, intentamos incidir para una efectiva participación y concientización por parte de la sociedad en relación a la temática abordada ya que sólo a partir del aporte de la misma se podrá fortalecer el desarrollo de las sociedades democráticas.

En materia de seguridad ciudadana el Estado tiene una deuda pendiente con la sociedad. Durante la última dictadura militar las instituciones encargadas de velar por el orden público, fueron el brazo ejecutor de un modelo de país terrorista, persecutor y represor. En la actualidad la falta de diseño de políticas publicas es un problema que trae aparejado una gran cantidad de violaciones de derechos por parte del Estado para con sus ciudadanos. En este sentido, la autarquía policial, la selectividad del sistema judicial y la falta de políticas serias que demuestren con firmeza la voluntad política de cambios respecto de esa forma autoritaria de ejercer el poder coercitivo del Estado, hacen que el equipo de Seguridad y Derechos Humanos asuma una tarea de contralor en el diseño y aplicación de políticas publicas, procurando la incorporación de estándares de derechos humanos y valores democráticos.

Buscamos incorporar estándares mínimos de derechos humanos y valores democráticos en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Asumimos que las políticas efectivas en materia de seguridad deben ser políticas integrales, con base en el respeto de los derechos de todos y todas, y no acciones aisladas que en el propósito de proteger los derechos de algunos, tienen lugar a costa de la violación de derechos de muchos otros grupos. Esto implica que la función de coerción del estado se desarrolle dentro de los parámetros legales y racionales, que permita a todos los miembros de la comunidad gozar y ejercer los mismos derechos, sin exclusión de ningún sector.

Para el logro de este propósito creemos fundamental que la sociedad civil organizada partícipe activamente en el diseño, implementación y control de políticas públicas democráticas en materia de seguridad.

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