Nuestra área aporta al fortalecimiento de las comunidades indígenas de la región, a través de capacitación, difusión y defensa de sus derechos.

El histórico despojo, sometimiento, negación e invisibilización del que han sido víctima los pueblos originarios de América, tiene su correlato en el muy extendido imaginario sobre la inexistencia actual de pueblos indígenas en una provincia como la nuestra.  Partiendo de esa negación, la desnaturalización de los persistentes atropellos, negación de derechos y discriminación de la que siguen siendo víctimas, no es tarea sencilla.

Los Pueblos Originarios han sido marginados por el Estado, siendo invisibles en el diseño de políticas públicas. Al tiempo que su reconstitución, fortalecimiento y lucha ha sido y sigue siendo incansable; la criminalización de esta lucha, en defensa de sus derechos, con el propósito de amedrentarlos y acallarlos, esta también a la orden del día.

El Estado tiene una histórica deuda pendiente con las Comunidades. Hoy, lejos de posicionarse decididamente como un garante de sus derechos constitucionales, se encuentra en posiciones ambiguas que permiten, por ejemplo, el desalojo de las comunidades de sus territorios ancestrales, cercenándole numerosos derechos, incluido el derecho a la vida misma. Privarlas de su territorio, implica despojarlas del ámbito natural, no solo de supervivencia, sino también del ámbito donde ancestralmente se desarrollan a nivel personal, espiritual y comunitario, donde despliegan su cultura y la transmiten. Los numerosos intereses económicos presentes en la explotación indiscriminada de recursos en territorios de las comunidades, implican una necesaria y decidida presencia del estado en su rol de garante de derechos y en la regulación de actividades económicas privadas que, destruyendo el medio ambiente, afectan la vida de todos, pero esencialmente de pueblos que históricamente han vivido en armonía y respeto con la naturaleza.

El camino hacia la construcción de un estado democrático, intercultural, implica no sólo el reconocimiento y la incorporación nominal de derechos de los pueblos originarios en los principales cuerpos normativos; sino también su incorporación participativa en el diseño e implementación de políticas públicas respetuosas de sus derechos y acordes a su identidad y pertenencia colectiva.

Andhes siempre ha partido, en su trabajo con las comunidades, desde la certeza de que los protagonistas de la lucha son los mismos Pueblos Originarios. Por ello nuestra organización se ha posicionado siempre desde el acompañamiento, ofreciendo y aportando herramientas; promoviendo una planificación conjunta en el propósito de lograr la reivindicación y respeto de sus derechos en pleno.

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