ANDHES y CLADEM acercaron a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo argumentos jurídicos que deberán ser valorados a la hora de analizar la acción que pretende obstaculizar la implementación de abortos no punibles en la provincia de Tucumán. El documento hace hincapié en el mandato constitucional que tienen las máximas autoridades provinciales, quienes deben garantizar el acceso al aborto no punible en observancia de la Constitución, evitando más vulneraciones a los derechos de las mujeres, lo que acarreará responsabilidad internacional para el estado Argentino.

Este martes 30 de abril andhes Cladem aportaron, a través de un extenso documento, elementos normativos, jurisprudenciales y estándares internacionales en materia de derechos humanos, para que sean tomados en cuenta por órgano judicial que entiende en la causa, al momento de analizar la presentación efectuada, días atrás, por la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) cuyo propósito fue obstaculizar la práctica constitucional del aborto no punible.

Desde las organizaciones indicaron que el derecho al aborto no punible está vigente en nuestro país desde el año 1921, en el Art. 86 del Código Penal. Además, “debido a interpretaciones restrictivas, como las que se pretende sostener en nuestra provincia, este derecho fue confirmado el año pasado por la CSJN, que dejó sentados claramente los supuestos en los cuales las mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, esto es cuando el embarazo sea producto de una violación o de un atentado al pudor de una mujer discapacitada, o ponga en peligro la vida o la salud de la mujer” indicaron representantes de andhes y Cladem.

El mismo fallo de la CSJN exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. Por ello queda claro que “el Estado tucumano no sólo debe abstenerse de generar norma alguna que pretenda obstaculizar el acceso al derecho al aborto no punible, sino que además tiene la obligación de legislar positivamente para garantizar el acceso a abortos no punibles en todo el territorio provincial”, enfatizaron desde las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Resulta inadmisible y vergonzoso, señalaron desde las organizaciones, que una legisladora, representante del pueblo, realice presentaciones de este tipo con el propósito deobstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las mujeres de la provincia. Por obstaculizar el acceso de mujeres a la práctica de abortos no punibles, nuestro país ya fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien entendió que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal significó una violación de los derechos humanos, en el caso “LRM”

La jurisdicción de Organismos Internacionales de Derechos Humanos ha sido aceptada por el Estado Argentino a través de la suscripción a los tratados, pactos y convenciones que desde el año 1994 integran la Constitución Nacional, por lo que un incumplimiento expreso de las disposiciones de máxima jerarquía genera responsabilidad de índole supranacional del Estado Nacional.

En ese sentido, el Amicus presentado por andhes Cladem hace mención de pedidos de explicaciones, exhortaciones y recomendaciones que ha recibido la Argentina por parte de organismos internacionales, entre los que se encuentran el Comité por los Derechos del Niño , el Comité de Derechos Humanos, el Comité que revisa el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos.