ANDHES repudia enfáticamente los hechos ocurridos en la madrugada del día 13 de Abril en la Provincia de Jujuy, donde se produjo la detención arbitraria y violenta de dos estudiantes, uno de ellos Presidente del Centro de Estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, en el marco de un asado autorizado por el Decano de dicha casa de estudios. Asimismo denuncia el incumplimiento de la normativa vigente y la intromisión ilegal de la Policía de la Provincia al claustro académico.

La Ley 24.521  de Educación Superior es contundente en su artículo 31 “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales, si no media orden escrita previa y fundada de un juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Ninguno de los dos supuestos se dieron en Jujuy, la Policía violó la autonomía universitaria, ignorando además su jurisdicción y competencia. Desde Andhes manifestaron su preocupación ante la totalmente desproporcionada fuerza que utilizó la policía, ya que al predio universitarios ingresaron cinco patrulleros, que maltrataron, golpearon, amedrentaron y asustaron a estudiantes universitarios. “Denunciamos este hecho además, porque no se trata de un hecho es aislado;  responde a un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo en esta provincia y que ha aumentado  desde la entrada en vigencia del nuevo Código Contravencional” sostuvieron desde la organización.

Asimismo manifestaron su preocupación y repudio en relación a las detenciones avaladas por el Código Contravencional, que gravemente violan el Derecho a la Libertad y afecta garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, desde el Área de Seguridad y DDHH explicaron que en Jujuy las detenciones arbitrarias son parte de la política de seguridad que infundadamente se sostienen como un segmento de la prevención policial para “combatir el delito”, lo que resulta gravemente violatorio de derechos.

 

Andhes lamenta el proceder de la Policía y las declaraciones vertidas por funcionarios provinciales ante tal situación, que denotan por el menos el desconocimiento de cuestiones jurídicas fundamentales para evitar un accionar contrario a los derechos humanos y a los principios democráticos de un Estado plural, respetuoso de las minorías, y garante de la vigencia efectiva de derechos para todas las personas.