El máximo tribunal de justicia de la provincia, decretó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Carta Magna modificada en el 2006. Desde ANDHES, se analiza el fallo como un avance en la independencia de la justicia.

Desde ANDHES (abogados y abogadas del NOA en derechos humanos y estudios sociales) consideramos que los mecanismos de selección y remoción de jueces son aspectos esenciales en el funcionamiento e independencia del poder judicial.

Es necesario que el orden jurídico o normativo sea respetado y por ello los poderes constituidos deben ser respetuosos del poder constituyente. En este sentido, la ley de necesidad de reforma establecía expresamente cuales eran los institutos que podían ser agregados.

La incorporación de dos institutos como el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento son innovaciones jurídicas en nuestro ordenamiento constitucional.

Ambos agregados vienen a retraer atribuciones que históricamente estaban en cabeza de otros poderes. Por un lado, la selección y elección de los jueces eran resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Por el otro, la remoción de jueces era atribución  propia del Poder Legislativo.

Con la incorporación del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento se deben asignar las correspondientes atribuciones a las instituciones creadas.

ANDHES considera un avance institucional y un fortalecimiento del poder judicial el fallo de la Corte que confirmó la sentencia dictada por la sala II de la Cámara Contencioso Administrativa. A través del mismo se contribuye a la madurez institucional de la provincia respetándose la división de poderes.

Por otro lado, este tipo de decisiones judiciales nos reconcilia con la idea de una justicia independiente que se coloque en su rol de árbitro imparcial, sin importar quiénes sean los actores intervinientes. A la vez que refuerza el trabajo que incansablemente se viene haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil.

Para ANDHES, el desafío de la democracia es la inclusión y el respeto de las minorías, la mayor participación de la sociedad civil, la promoción de debates y discusiones que permitan un diálogo fluido entre los poderes, entre las instituciones, y entre la sociedad civil y el estado.

El fallo contribuye, del mismo modo, al fortalecimiento de la democracia participativa al confirmar la posibilidad de que distintos actores de la sociedad civil, en defensa de intereses colectivos, puedan cuestionar la vigencia de una norma constitucional o legal. Así, el planteo del Colegio de Abogados, la presentación del amicus curiae de ANDHES, que a su vez posibilitó la presentación de otros amici curiae, entre otros.

Desde ANDHES consideramos que este tipo de sentencias nos compromete a continuar con nuestra lucha diaria de contribuir a un cambio social basado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.