Una delegación del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina se trasladó a Ginebra para participar de la 78 Pre-Sesión del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en la que se evalúa al Estado argentino. La misma estuvo integrada, por la Coordinadora del Colectivo, Nora Pulido; dos representantes de la Comisión de Participación de niños, niñas y adolescentes, Nazarena Pietra (Tucumán) y Tamara Brisa García (Buenos Aires); y la Coordinadora del Área de Derechos de Niñez y Adolescencia de andhes, Florencia Vallino Moyano.

Según se desprende de su presentación, a 12 años de sancionada la ley nacional de protección integral, sólo se ha avanzado en la construcción de alrededor del 60% de las instancias locales necesarias, lo que genera una clara sobrecarga en la demanda existente.

 La institucionalidad actual presenta serios déficits que restringen el acceso y la calidad misma del servicio: falta de recursos humanos, de equipos interdisciplinarios, de recursos materiales; la precariedad laboral de los agentes estatales, la falta de protocolos de intervención que ordenen el accionar de los servicios, el persistente desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema de protección integral.

La discrecionalidad con que cada provincia puede llevar adelante su política pública en la materia, perpetúa patrones de discriminación entre las provincias pobres y las ricas, que a su turno se replican entre municipios pobres y municipios ricos.

Los órganos provinciales no generan diagnósticos que de manera proactiva permitan identificar los grupos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que demanden estrategias específicas y que le permitan por lo tanto actuar de manera preventiva: impactando en la adecuación de la política pública. A ello se suma la resistencia para incorporar a organizaciones de la sociedad civil a la discusión sobre el diseño de la política pública. Resistencia que se acentúa en el caso de niños, niñas y adolescentes.

Esta institucionalidad impacta de manera diferenciada en aquellos grupos atravesados por circunstancias múltiples de discriminación:

Los niños en conflicto con la ley penal están atravesados por un régimen penal juvenil de la última dictadura militar: las provincias no han adecuado sus sistemas locales. Los puntos más críticos del sistema se vinculan a la falta de medidas alternativas a la judicialización, a la privación de la libertad, las condiciones en que se lleva adelante la privación de la libertad. En Argentina se continúa privando de libertad a adolescentes no punibles, por debajo de la edad establecida. El gobierno nacional impulsa una reforma al sistema, uno de sus puntos es bajar la edad de punibilidad. Denunciamos que es una medida ilegal, regresiva, contraria al sistema de protección, basada en una lógica punitivista y demagógica que profundiza la criminalización a los sectores pobres, a la infancia pobre del país.

 Los niños en situación de consumo problemático de sustancias de los sectores populares se encuentran en una situación crítica. Para ellos, la respuesta del Estado argentino es la criminalización y el gatillo fácil. El sistema de salud no da respuestas efectivas, pues interviene desde lógicas carentes de una perspectiva integral de derechos humanos. Las leyes de contravenciones/códigos de faltas en las provincias habilitan la discrecionalidad y la arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones por parte de las fuerzas de seguridad. La policía no sólo persigue, hostiga, extorsiona y tortura a estos jóvenes, sino que también ella misma gestiona el delito en los barrios. Una serie de casos en distintos puntos del país dan cuenta del recrudecimiento de la violencia policial que afecta especialmente a los adolescentes.

Los NNyA se ven atravesados principalmente por una educación sexual integral en la subsisten problemas de índole estructural: no hay servicios que se comprometan con la población adolescente en la satisfacción de sus derechos a la información, la consejería y los métodos anticonceptivos autorizados en el país en condiciones adecuadas y con un debido respeto a la confidencialidad. Esto implica, entre otras consecuencias, una alta frecuencia de embarazo adolescente que responde además a  factores culturales y económicos. Muchos de estos casos están principalmente vinculados a situaciones de abuso sexual. En conjunto con la información y oferta adecuada de recursos de interrupción legal del embarazo, en aquellos casos en los que es aplicable, son algunos de los principales cuellos de botella para ser vencidos. 

Los NNyA indígenas están atravesados por la inseguridad jurídica que existe en los territorios comunitarios. La deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas de nuestro  país, se refleja en la falta de políticas públicas relacionadas a la titulación de sus territorios comunitarios; en la incapacidad de promover el fortalecimiento de los derechos hacia dentro de las comunidades indígenas. Los intereses por la explotación económica de sus territorios (generalmente por terceros  ajenos a las comunidades), los  constantes desalojos de sus territorios, la persecución que sufren por las  fuerzas de seguridad y la justicia local, afecta directamente la vida misma de los NNyA. La situación también es crítica en relación al derecho a una educación de calidad, los planes de estudio específicos para NNyA indígenas son realmente escasos y el nivel de aplicación de los planes bilingües es muy bajo. Subsisten lógicas y concepciones machistas en las comunidades que afectan especialmente a las adolescentes y niñas indígenas, que se materializan en el acoso y el abuso sexual que sufren las niñas y jóvenes indígenas.

Los niños migrantes, se enfrentan hoy a los cambios regresivos en materia de migraciones introducidos por este gobierno, (DNU. 70/2017) que genera riesgos concretos en relación al derecho a la reunificación y unidad familiar, como consecuencia de la falta de mecanismos procesales para asegurar su protección en el marco de la implementación de órdenes de expulsión. Sujeto a la discrecionalidad de las autoridades administrativas y sólo para aquellos pocos supuestos en los que el DNU la habilitó.

Los niños que viven en la cuenca Matanza Riachuelo (donde vive el 19% de la población argentina) enfrentan una situación de contaminación masiva. La situación hídrica y sanitaria presenta un estado crítico caracterizado por la falta de acceso a agua potable, la falta de un sistema de  desagües cloacales, con sistema de desagües pluviales deficiente, obras hídricas e hidraúlicas incompletas, viviendas sin terminar o con materiales deficitarios y un servicio de recolección de residuos intermitente. A más de 10 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tema, los territorios localizados en la ribera de la cuenca baja del Matanza Riachuelo presentan altas cargas de contaminantes en suelo: es “el inodoro de la cuenca”. No existe una decisión política para revertir este cuadro crítico. La superposición de privaciones en el mismo territorio configura un escenario precario con gravísimas consecuencias en diversas esferas o dimensiones básicas para la salud y el desarrollo de la infancia y adolescencia.

 

MIRÁ EL VIDEO DEL PROCESO DE LOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPARON EN EL ARMADO DEL INFORME: https://www.youtube.com/watch?v=fmlsuWZBkEw&t=5s

 

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