ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) presentó, el 10 de diciembre, una acción de amparo contra el Subsidio de Salud (IPSST) y el Estado provincial para que asistan a una afiliada que necesita una silla de ruedas, un colchón y un almohadón anti-escaras.

Esta acción se enmarca en la campaña Que Se Cumplan! impulsada por La Usina, organización de Buenos Aires que lucha por la vigencia de los derechos de discapacitados. ANDHES, junto con organizaciones de todo el país, presentará acciones judiciales para reclamar al Estado el cumplimiento de las leyes de discapacidad vigentes.

Recibir el equipamiento médico es un derecho de toda persona discapacitada, amparado por la ley 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, La Constitución Nacional, Pactos Internacionales, la Constitución Provincial, y disposiciones concordantes.
El caso de Tucumán es de María Cristina Barrera, de 54 años, psicóloga que trabaja en el hospital Avellaneda. Hace 30 años sufrió un grave accidente que le produjo fracturas en las vértebras cervicales y una lesión medular, lo que la conminó a usar de por vida una silla de ruedas.
María Cristina utiliza la misma silla de ruedas desde hace 16 años, y por las noches, necesita recibir asistencia respiratoria artificial. Además, presenta lesiones provenientes de escaras originadas por las características propias de la enfermedad.
El Subsidio de Salud, obra social a la que está afiliada, se niega a entregarle una silla de ruedas, un colchón y un almohadón anti-escaras.
El argumento del Subsidio para negar el equipamiento médico ortopédico es que no constituye una obra social. Es muy importante destacar el hecho de que el IPSST, a pesar de lo que sus autoridades comunican, es una Obra Social, ya que la ley nacional 23.660 Promulgada el 5 de enero de 1989, “Nueva ley de Obras Sociales”, establece en su artículo primero “Quienes quedan comprendidos en las disposiciones de la presente Ley” , señalando en su inciso b) Los Institutos de Administración Mixta…..y en su inciso h) Toda otra entidad creada o a crearse que no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido por la presente Ley.

El artículo segundo por otra parte remarca Las Obras Sociales comprendidas en los inc. c) d) y h) funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa y tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas.
En virtud de lo expuesto y del Derecho vigente concordante, cabe concluir que el IPSST es una obra social y que debe cumplir las obligaciones que en su carácter le corresponden.

Marco legal
La ley 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad crea un directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, y 6 meses después de creado, en mayo de 1.999, firma un convenio de adhesión con la provincia de Tucumán, suscribiendo el mismo por la provincia, el ministro de Asuntos Sociales y el Secretario General de la gobernación estableciéndose en el articulado del mismo que la Provincia opta por su incorporación al sistema de prestaciones básicas.
La Provincia de Tucumán se comprometió a crear los recursos institucionales necesarios para certificar la discapacidad y procurar la atención de las prestaciones a través de efectores públicos y privados, entre otros puntos. En Julio de 2003 se promulgó la Ley Provincial 7.282, donde la provincia de Tucumán se adhiere a la ley Nacional 24.901 y al correspondiente convenio de adhesión, el cual forma parte integrante como anexo único de la presente ley.
 Esto significa que todas las personas con discapacidad, están amparadas por esta ley y en virtud de ella pueden ejercer sus reclamos contra los sujetos obligados.